Iniciativa para compensar a exPAC costaría Q18 mil millones y varias bancadas están dispuestas a aprobarla
La iniciativa de ley busca otorgar una compensación económica a unos 500 mil exintegrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil mediante un pago de Q36 mil a cada uno.
Un total de Q18 mil millones para el pago a 500 mil expatrulleros de autodefensa civil,es lo que contempla la Ley de Dignificación Histórica y Compensación Económica para los Exmiembros de las Patrullas de Autodefensa Civil, que esta pendiente de ser aprobada en tercer debate, por artículos y redacción final en el Congreso.
La ley busca resarcir a quienes integraron este grupo durante el conflicto armado interno, entre 1960 y 1996. Establece una compensación de Q36 mil por beneficiario, pagadera en 36 cuotas mensuales de Q1 mil cada una.
Según el dictamen, el impacto social se concentrará en la población rural, los pueblos originarios y los adultos mayores en situación de pobreza.
La propuesta surge del dictamen conjunto de las iniciativas 6566 y 6570, emitido por la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, que unificó ambas propuestas.
¿Quiénes impulsan la ley?
Diputados de los bloques Cabal, Valor y Vamos impulsan la propuesta. Elmer Palencia, de Valor y uno de los principales promotores de la iniciativa 6570, explicó que esta surgió del diálogo con organizaciones de expatrulleros de todo el país para recoger sus demandas.
“La hemos venido trabajando en los territorios y hemos visitado a las diferentes asociaciones –de expatrulleros– en Quiché, Alta Verapaz, Quetzaltenango, en todos los departamentos. Es una iniciativa de amplio consenso. En el Congreso hemos hecho un apoyo directo hacia el veterano militar”, aseguró Palencia.
Luis Aguirre, jefe del bloque Cabal, que presentó la iniciativa 6566, señaló que la ley podría aprobarse antes de que finalice el actual período legislativo.
“Sí hay acuerdos, esperaríamos que sea aprobada la iniciativa antes de que finalice el presente año”, aseguró.
Aguirre agregó que el diputado Marvin Esaú Rivas, quien sustituyó la semana pasada a Julio Cesar Portillo como representante de Zacapa, también se sumó a la propuesta.
“Creo que es un buen mensaje a los señores expatrulleros por parte del Congreso de la República, y existe un consenso de diferentes bloques de apoyarlos. Esta es una iniciativa de ley donde se está haciendo justicia social a los expatrulleros que defendieron a nuestra patria en su momento”, aseguró Juan Carlos Rivera, de Victoria y primer secretario del Congreso.
Modificaciones
La comisión introdujo cambios técnicos y jurídicos en el dictamen. Estableció que la compensación es de carácter “única y no recurrente”, y que el pago “no constituye relación laboral ni prestación indemnizatoria de naturaleza laboral, civil o administrativa”, para evitar futuras reclamaciones judiciales contra el Estado.
La administración del programa estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), mediante una unidad ejecutora específica. El Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) elaborará y certificará los listados de beneficiarios, mientras que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) ejecutará las capacitaciones.
Condiciones y beneficios
El dictamen establece que las actividades del “Programa de Capacitación Ambiental y Desarrollo Comunitario”, como prevención de incendios, reforestación y manejo de desechos, serán obligatorias para recibir la compensación mensual. Sin embargo, contempla excepciones por “inasistencias debidamente justificadas”.
También establece una “exención total de impuestos y contribuciones” para el aporte económico. En caso de fallecimiento del beneficiario, los pagos pendientes podrán transmitirse “únicamente al cónyuge sobreviviente” inscrito previamente en el programa.
Financiamiento y plazos
El dictamen vincula el financiamiento al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, en sustitución de las asignaciones automáticas de recursos, para reducir riesgos fiscales.
El programa tendrá una duración inicial de tres años desde el comienzo de los desembolsos, con una posible prórroga excepcional de hasta tres años más, exclusivamente para completar las 36 cuotas establecidas.
Impacto financiero
Carlos Gossman, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), considera que ampliar por tres años adicionales el programa no es viable desde el punto de vista presupuestario, pues estos programas se financian principalmente mediante deuda, a través de la colocación de Bonos del Tesoro.
“Si cada cierto tiempo se arman programas para seguir indemnizando a los veteranos militares va a ser un chorro que nunca se va a cerrar, y cada gobierno siempre va a tener que atender un compromiso de gasto para seguir pagando indefinidamente”, asegura.
Gossman advierte que estos programas no deben confundirse con asistencia social y que su impacto presupuestario también recaerá en el próximo gobierno, que asumirá en el 2028.
“El problema acá sería como al gobierno, y no solamente a este… se le trasladaría al siguiente gobierno que tomaría funciones en 2028, de como poder cubrir este tipo de gastos… que se extienden por un tiempo más allá de lo que esta contemplado en la ley”, aseguró.