En un país donde la confianza en las instituciones públicas está deteriorada, resulta inaceptable que dos ministerios de Estado canalicen recursos hacia una entidad que no solo incumple con la obligación de entregar prestaciones a los empleados públicos y jubilados, sino que también evade cualquier intento de rendir cuentas.

Cada quetzal transferido sin supervisión es una puñalada en la espalda de los empleados públicos y jubilados que esperan, desesperados, lo que por derecho les pertenece. Esto no es un error; es un robo descarado, perpetrado bajo la mirada cómplice de dos instituciones que deberían proteger, no saquear, a los más vulnerables.

Esta situación no es un simple descuido administrativo; es una afrenta directa a miles de personas que, tras décadas de trabajo, ven vulnerados sus derechos más básicos. Estos descuentos provienen del salario de los afectados, quienes gastan saliva, porque no los atienden, para tratar de recuperar lo aportado por años.

Los ministerios de Educación (que piden los descuentos de los afectados) y el de Finanzas Públicas (que los transfiere), son corresponsables, lejos de exigir cuentas, actúan como cómplices de un robo a plena luz del día. Porque sí, esto es un robo: despojar a los jubilados de lo que les pertenece es un delito moral y debería serlo penal.

Aunque el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Mencos, no tiene toda la responsabilidad, si debería de poner atención al tema, porque el traslado del dinero se convierte en un fraude o una estafa para miles de personas, quienes son afectadas por una asociación oscura que fue creada en 1990. ¿Cuánto dinero tendrá en las arcas? Lo malo es que no es de ellos.

Esta situación es un insulto a la inteligencia y una bofetada a la dignidad de los empleados públicos en activo y jubilados. Pero es mucho más insólito, que sigan transfiriendo dinero a una entidad, que no solo incumple su deber de entregar las prestaciones que corresponden, sino que no da la cara.

El silencio de esta entidad, que se burla de los afectados al negarse a enfrentarlos, es una confesión de culpa. Pero la verdadera infamia recae en los ministerios que, con su negligencia o algo peor, permiten este atraco. Muchos jubilados están enfermos y este dinero les caería bien para encontrar alivio o cura de sus padecimientos de salud.

Pero no solamente los directivos de Asociación Nacional del Auxilio Póstumo del Empleado y Ex-Empleado Público -ANAPEP- se esconden, traté de cumplir con mi responsabilidad profesional, por tres semanas, para obtener la versión oficial del viceministro administrativo de Educación, Donaldo Carías, pero no me quiso recibir para dar la versión del ente estatal y prefirió hacerse el “loco”; escondiéndose como buen politiquero.

Hablamos de miles de personas que dedicaron sus vidas al país, que cumplieron con su parte del trato, y que ahora son traicionadas por un sistema que los ignora. ANAPEP, engordada con recursos que deberían ser sagrados; y opera de una manera opaca. Las preguntas que se hacen los afectados son: ¿Qué se hace con esos fondos? ¿Jinetean el dinero?

Otros han perdido la oportunidad de recuperar lo invertido, porque los encontró la muerte. Ahora son los familiares, quienes exigen el pago de las prestaciones, pero los ven con menosprecio porque los reciben detrás de un vidrio, por cierto, polarizado, donde un colaborador, de mala gana, todos los meses les dice lo mismo: “el Ministerio de Finanzas se encuentra atrasado con las transferencias, no es asunto nuestro poder pagar”, lo cual es mentira.

Será que estas son las órdenes que ha dado el ex diputado petenero por la Unidad Nacional de la Esperanza, Edgar Raúl Reyes Lee, quién instituyó esta asociación que recibe cada mes, por medio de la resolución SG-UIP 267-2025, más de Q1 millón 022 mil y que en los últimos cinco años han recibido Q31 millones 010 mil 654, según lo certificado por la Oficina de Acceso a la Información Pública del MINFIN.

Esto debe parar. El Ministerio de Educación debe de revocar de inmediato cualquier autorización que siga apañando este desfalco, mientras que el Ministerio de Finanzas debe detener las transferencias hasta que cada centavo sea justificado. Un país que le da la espalda a las personas mayores no merece llamarse nación. ¡Actúen pronto antes que sea tarde!