El Congreso de la República aprobó el 19 de noviembre de 2024, bajo el Decreto 32-2024, la Ley de Competencia, un marco legal que promete transformar los mercados locales. Su principal objetivo es fomentar la libre competencia, prevenir prácticas anticompetitivas y proteger los derechos de los consumidores. Esta normativa llega tras ocho años de discusión legislativa, con el respaldo de 122 diputados.

Puntos clave de la Ley de Competencia

1. Objetivos principales

• Garantizar la existencia de múltiples oferentes y demandantes en los mercados.
• Prevenir, investigar y sancionar prácticas anticompetitivas.
• Proteger a los consumidores al ofrecerles variedad de opciones y precios razonables.
• Promover la transparencia y eficiencia económica como pilares del desarrollo.

2. Prácticas anticompetitivas sancionadas

La ley define y prohíbe dos categorías de prácticas:

• Relativas: acuerdos para fijar precios, limitar producción, dividir mercados o coordinar ofertas en licitaciones.
• Absolutas: como la venta por debajo del costo para eliminar competidores, imposición de precios discriminatorios o el bloqueo de insumos esenciales a rivales.

3. Entidades reguladoras creadas

• Superintendencia de Competencia: supervisará el cumplimiento de la ley, investigará denuncias y sancionará malas prácticas.
• Comisión de Competencia: entidad autónoma adscrita al Ministerio de Economía, con un directorio integrado por representantes designados por el presidente, el Congreso y la Junta Monetaria.

4. Sanciones y multas

• Las sanciones por este tipo de conductas, toda vez sea probada, llevarán a la imposición de multas que pueden llegar hasta los 200 mil salarios mínimos diarios no agrícolas, que sería el equivalente a más de Q600 millones.
• Penalizaciones para quienes presenten denuncias falsas o improcedentes.
• En caso de incumplir con el pago de multas, se generarán intereses adicionales.

Según analistas consultados por Canal Antigua, La Ley de Competencia tiene el potencial de transformar los mercados guatemaltecos al fortalecer la competitividad y transparencia. Los consumidores se beneficiarán con precios más accesibles y una mayor variedad de productos y servicios. Además, fomenta un entorno empresarial justo, incentivando a las empresas a competir en igualdad de condiciones.

La normativa pasará ahora por una revisión de estilo antes de ser enviada al presidente, quien deberá sancionarla o vetarla. Una vez en vigencia, Guatemala contará con una herramienta clave para garantizar un desarrollo económico más equilibrado y transparente.