Ayer, al enterarse de que en La Hora teníamos el informe preliminar preparado por técnicos de la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) en el que señalan anomalías en las contrataciones de los tres famosos puentes, operaciones que han sido criticadas en este medio debido a los graves indicios de sobrevaloración de los mismos, el presidente Bernardo Arévalo tuvo una de las reacciones que eran tan típicas de sus antecesores, Alejandro Giammattei y Jimmy Morales cuando no encontraban la forma de ocultar un negocio con aroma a corrupción durante su Gobierno.

Su respuesta, expresada en tono de evidente disgusto y hasta de cólera, fue que cómo teníamos nosotros ese dato y que tenerlo constituía delito, ignorando lo que la Constitución establece respecto al libre acceso a las fuentes de información. El Presidente se ha caracterizado por ser un mandatario que le rehúye a los problemas, al que le hubiera encantado ser canciller y viajar, y sin duda alguna, tener que contestar por actos de corrupción en su Gobierno, cuando durmió a la población queriendo vestirse de un niño de primera comunión, es un hueso duro de roer.

Obviamente él no es abogado, como tampoco lo eran Giammattei y Morales, pero los tres creen que ellos pueden dictar la ley como les venga en gana y que eso les sirve para amparar sus sucias contrataciones. Giammattei decidió meterse en problemas por las acciones de su pareja, el Jefe de Jefes y Arévalo se mete en líos porque su Secretaria Privada ahora funciona como fue la de Gustavo Alejos en tiempos de Álvaro Colom.

Llama la atención la molestia y hasta indignación que mantiene con La Hora luego de que en una sesión privada el lunes 24 de agosto, con la presencia de un importante testigo, le informamos de la posible sobrevaloración de los puentes Mocá, Las Pericas y Santa Bárbara, a lo que respondió que haría una reunión con la Ministra de Comunicaciones, misma que fue programada para el jueves 3 de septiembre, como si el asunto no tuviera mucha importancia para el gobernante. Si conociera un poco de la historia sabría que su padre, el doctor Juan José Arévalo, no dejaba para después asuntos vitales para su gobierno y, como ocurrió con un ministro que se tardó mucho en conocer la creación del sindicato de la United Fruit Company, por lo que procedió a su destitución, no digamos si hubieran tenido la cortesía de avisarle que gente de su Gobierno le estaba haciendo de “chivos los tamales” con oscuros negocios.

Es cierto que todos sabemos que para la personalidad del actual presidente nada parece urgente pues la parsimonia (para decirlo elegantemente) es una de sus características principales. Hubiéramos querido que así como reacciona enérgicamente para criticar a quienes en ejercicio de la libre expresión señalamos la necesidad de auditar ciertos contratos que huelen a sucio, lo hubiera hecho tras la reunión en la que le expusimos con documentos los indicios de sobrefacturación.

La Contraloría ha sido, históricamente, protectora de los negocios en vez de ser protectora de la transparencia y el buen manejo de los fondos públicos. Pero hay profesionales que trabajan allí que entienden su misión y la cumplen, aún a sabiendas de que sus dictámenes e informes posiblemente sean engavetados, práctica que ha sido usual allí y en el Ministerio Público.

La respuesta del Gobierno de Arévalo, más que desvanecer los lapidarios hallazgos de la Contraloría, es apresurar los pagos en el tema de los puentes. Han acelerado la aprobación de diseños (aún y cuando no hicieron visita de campo antes de ofertar) y lo que buscan es hacer el primer pago para dejar sin materia la auditoría concurrente de la CGC. Es su única manera de quitarse el “problema”. Maniobra que se esperaba de un Gobierno oscuro y no de quienes dijeron ser diferentes.

Un Arévalo firme, indignado y molesto es lo que el pueblo hubiera querido para combatir los sucios negocios pues para ello fue electo. En cambio, su ira es contra quienes señalan la porquería que sale de su propio Centro de Gobierno.