El escándalo de la constructora brasileña Odebrecht marcó un antes y un después en la lucha contra la corrupción en Guatemala, al revelarse en diciembre del 2016 el supuesto pago de sobornos millonarios a funcionarios para asegurar contratos de infraestructura.

En ese entonces, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) implicó a altos exfuncionarios del gobierno en funciones entre el 2012 y 2015.

A continuación, se describe el origen del caso, cómo se desarrolló la investigación y por qué el Ministerio Público (MP) solicitó estas órdenes de captura.

Origen del caso Odebrecht

El 21 de diciembre del 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público que la constructora brasileña Odebrecht había pagado un total de US$788 millones en sobornos a funcionarios de 12 países de Latinoamérica para asegurar contratos de obras públicas.

En Guatemala, la investigación estableció que entre el 2013 y 2015 la empresa presuntamente entregó alrededor de US$18 millones en sobornos a altos funcionarios, a cambio de la adjudicación y ejecución de proyectos viales.

Según la Contraloría General de Cuentas, un examen especial de auditoría detectó indicios de posibles ilícitos en el contrato otorgado a Constructora Norberto Odebrecht, S. A. para la ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-2 Occidente (tramo Cocales–Coatepeque). Dicha auditoría derivó en una denuncia formalizada ante la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), inscrita bajo el expediente No. M001/2016/64326.

Desarrollo de la investigación en Guatemala

En el 2012, Alejandro Sinibaldi asumió como ministro de Comunicaciones. A finales de ese año, adjudicó y firmó el contrato con Odebrecht para la ampliación de la CA-2 Occidente (tramo Cocales–Coatepeque). De acuerdo con la Cicig, en diciembre de 2013 Sinibaldi sostuvo la primera reunión con representantes de Odebrecht en Guatemala para acordar los términos de los sobornos.

Desembolsos ilícitos (2013–2015)
Durante el 2013 y 2015, la investigación reveló que Odebrecht habría hecho los pagos ilícitos a través de cuentas bancarias, beneficiando a Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón y Carlos Arturo Batres Gil.

• Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, habría recibido alrededor de US$19.7 millones en sobornos.
• Manuel Baldizón, expresidenciable, habría recibido cerca de US$3 millones, aunque la CICIG señala que solo obtuvo el 50% de esa cifra.
• Carlos Arturo Batres Gil, empresario e intermediario, recibió aproximadamente Q4.9 millones.

Acuerdo de colaboración eficaz
En el 2017, Odebrecht acordó con el MP y la Cicig el pago de US$17.9 millones como reparación a favor del Estado guatemalteco, el mismo monto utilizado en sobornos.

Además, la empresa se comprometió a devolver los materiales adquiridos para la obra y a ofrecer una disculpa pública.

Este acuerdo fue firmado en Brasil por Juan Francisco Sandoval sin contar con la intervención de la Procuraduría General de la Nación.

Primeros acusados y órdenes de captura (2018–2022)

Desde el 2018, bajo la dirección de la exfiscal general Telma Aldana y el exjefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, el Ministerio Público emitió varias órdenes de aprehensión contra los principales implicados en la red de sobornos:

• Alejandro Sinibaldi
  Exministro de Comunicaciones, acusado de recibir más de US$19.7 millones en sobornos. Permaneció prófugo entre 2016 y 2020, año en que se entregó voluntariamente. En el 2023, la investigación en su contra fue cerrada sin llegar a juicio, y en el 2024 la jueza Abelina Cruz lo aceptó como querellante contra el exfiscal Juan Francisco Sandoval.
• Manuel Baldizón
  Expresidenciable acusado de recibir US$3 millones en sobornos. Fue capturado y deportado a Guatemala en el 2022. En el 2024, la jueza Abelina Cruz lo eximió de responsabilidad y lo aceptó como querellante contra Sandoval.
• Carlos Arturo Batres Gil. Empresario presunto intermediario en la red de sobornos. La Feci determinó que Batres Gil recibió Q 4.9 millones. En el 2022, la exjueza Erika Aifán lo envió a juicio; sin embargo, en el 2024 la jueza Abelina Cruz anuló el proceso, devolviendo el caso a etapa intermedia y reduciendo la fianza de Q 5 millones a Q 1 millón, lo que permitió su liberación.

Órdenes de captura emitidas en el 2023

Con la administración del MP a cargo de Consuelo Porras y el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, se giraron nuevas órdenes en el 2023 contra exfuncionarios que autorizaron acuerdos de colaboración para que exdirectivos de Odebrecht dieran declaraciones desde Brasil en septiembre del 2017.

Los delitos imputados fueron obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad. Entre los señalados destacan:

• Juan Pablo Carrasco de Groote
  Abogado, expresidente de AmCham, exasesor legal de Odebrecht y cónsul honorario de un país de la Unión Europea.

• Thelma Esperanza Aldana Hernández
  Exfiscal general del Ministerio Público.

• Mayra Johana Véliz López
  Exsecretaria general del MP.

• Luis David Gaitán Arana
  Exmandatario de la Cicig.

Órdenes de captura y citaciones de mayo del 2025

El 2 de junio del 2025, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones hizo efectiva la orden de captura para:

• Iván Velásquez Gómez
  Excomisionado de la CICIG y actualmente embajador de Colombia ante el Vaticano, señalado como presunto líder de la estructura criminal que autorizó acuerdos ilegales.

• Luz Adriana Camargo Garzón
  Fiscal general de Colombia, acusada de participar en la misma estructura criminal.

El jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, informó que la Corte también decretó la rebeldía judicial y ordenó la captura contra:

• Telma Esperanza Aldana Hernández, exfiscal general del MP.

• Mayra Johana Véliz López, exsecretaria general del MP.

• Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Feci, acusado de abuso de autoridad, usurpación de funciones y encubrimiento.

Adicionalmente, se giraron citaciones para un grupo de exfuncionarios, implicados por asociación ilícita y conspiración para el lavado de dinero, entre ellos:

• Eva Xiomara Sosa Pérez, citada por los mismos delitos relacionados con la red de la Cicig.

• Florencio Damacio Reyes

• Enrique Cuc

• Arturo Abimael Herrera

• Antonio Caal

• Haroldo Uriel Martínez y

• Gustavo Enrique Hernández Gil.

El MP también comunicó la captura de Roberto “N”, procesado por asociación ilícita y falsedad ideológica.

Su audiencia de control de detención se llevó a cabo en el Juzgado correspondiente, donde la jueza determinó enviarlo a prisión provisional en la cárcel de Mariscal Zavala, a la espera de su audiencia de primera declaración programada para el 16 de mayo del 2025.

Razones para las órdenes de arresto contra Ivan Velázques y Luz Camargo

En un video publicado, el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, explicó que tanto Iván Velásquez Gómez como Luz Adriana Camargo Garzón habrían participado en una estructura criminal dentro del Ministerio Público.

Según Curruchiche, ambos funcionarios conocían y permitieron la firma de acuerdos ilegales con ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht, lo cual motivó la solicitud de las órdenes de arresto.

“El señor Iván Velásquez Gómez interviene de forma directa”, aseguró Curruchiche durante una entrevista con BluRadio Colombia, señalando que Velásquez podría haber incurrido en los delitos de asociación ilícita, obstrucción de la justicia y conspiración.

El fiscal guatemalteco agregó que, a partir de correos electrónicos y declaraciones de testigos colaboradores, se comprobó la existencia de una estructura criminal en la Feci. De acuerdo con la investigación, Velásquez y Camargo estaban al tanto de los pactos con Odebrecht y facilitaron su ejecución sin apego a la normativa nacional.

“Tenemos indicios sólidos y contundentes que nos permiten establecer la responsabilidad de Iván Velásquez Gómez en los hechos penales que estamos investigando en Guatemala”, concluyó Curruchiche.

Implicaciones y reacción institucional

Frente a las recientes órdenes de captura, las reacciones institucionales fueron inmediatas y variadas, destacándose entre ellas:

Sobre la Sala Tercera de Apelaciones
La sala que autorizó las órdenes de captura está conformada por los magistrados Alejandro Prado Estrada (presidente), Ingrid Vanessa García Vásquez (Vocal I) y Mario Federico Hernández (Vocal II).

Esta misma instancia ha cuestionado decisiones previas, como la anulación del arresto domiciliario del periodista José Rubén Zamora en marzo del 2025.

Y la que revocó una resolución que permitía a magistrados del Tribunal Supremo Electoral ejercer funciones pese a estar inhabilitados por investigaciones (enero del 2025).

Repercusiones políticas y diplomáticas

El Gobierno de Guatemala rechazó, mediante un comunicado, las capturas giradas en contra de Iván Velásquez y Luz Camargo, indica que estas medidas carecen de sustento legal.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, consideró la medida como una persecución política contra funcionarios que, en su opinión, cumplían funciones de combate a la corrupción.

Posición de la Cicig y organismos internacionales
Diversos organismos de derechos humanos han expresado preocupación, señalando que estas acciones podrían representar una retaliación contra quienes participaron en la lucha anticorrupción en Guatemala.

Se estima que la credibilidad de la cooperación internacional en materia de investigación de corrupción se verá afectada si no se garantiza el debido proceso.