Con la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2026 por el Congreso de la República, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) identificó «alteraciones» respecto a la propuesta originalmente presentada por el organismo Ejecutivo.

Reiterando los análisis y las recomendaciones expuestas en su primer análisis en su estudio en profundidad, el Icefi destaca que en el presupuesto aprobado por el Congreso no se corrigió la alteración en la distribución por impuesto de la proyección de ingresos tributarios, manteniendo montos erróneamente altos en los rubros, lo cual distorsiona las bases de cálculo de los aportes constitucionales y otros destinos específicos de los impuestos.

🇬🇹 Guatemala

⭕ El Icefi identifica alteraciones cuantiosas y fiscalmente dañinas en dictamen y presupuesto aprobado para 2026. 📑

👉🏼 Leer comunicado y ver anexos en : https://t.co/uP67M5Km3vpic.twitter.com/kQ3d7ns52h

— Icefi (@ICEFI) November 27, 2025

El anexo uno muestra que el Congreso redujo en Q2,000.0 millones la colocación de bonos del tesoro, la cual quedó autorizada para 2026 en Q25,598.9 millones, mientras que el uso de recursos de caja, especialmente proveniente de la deuda bonificada colocada en la banca privada en 2025, pero que no se usó para financiar gasto público, aumentó en esos Q2,000 millones, quedando en Q5,417.1 millones.

Con 139 votos a favor y 11 en contra, así votó el Congreso para aprobar el Presupuesto General 2026

El Icefi estima que los saldos de deuda bonificada colocada, pero no usada en 2025, y que constituirán recursos de caja disponibles en 2026, podría ser aún mayor a este ajuste realizado por el Congreso.

Asimismo, el centro de pensamiento independiente considera que la aprobación de los préstamos contratados con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo constituyen una oportunidad para fortalecer las herramientas tecnológicas para el control y administración de las finanzas públicas.

Por tanto, el Icefi espera que su ejecución se refleje en la modernización y fortalecimiento del Sistema de Administración Financiera, del sistema de adquisiciones públicas, del Sistema Nacional de Inversión Pública, para facilitar y agilizar la ejecución del gasto público, con garantías de transparencia y respeto al derecho de acceso a la información pública.

Además, encontró que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso introdujo en su dictamen alteraciones importantes en el presupuesto de egresos, las cuales fueron aprobadas por mayoría calificada del pleno del Congreso, sin el debido análisis ni la deseable discusión y debate técnicos.

PRESUPUESTO AL CODEDE

Ante esta situación, el Icefi lamenta que la CFPM haya desatendido las recomendaciones de numerosas y diversas entidades al incluir en el artículo 163 de su dictamen un nuevo y voluminoso aporte extraordinario para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), esta vez por Q6,312.1 millones.

Señala que insistir en estos aportes extraordinarios carentes de planificación y formulación adecuada de proyectos, desvirtúa la naturaleza y propósito del sistema jerárquico de consulta ciudadana de los consejos de desarrollo, al no tomar en cuenta las solicitudes recibidas en los consejos comunitarios, y elevadas luego a los consejos municipales, departamentales, regionales y finalmente al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural.

A criterio del Icefi, estas omisiones abren espacios amplios para la corrupción y el abuso, falencia que se ve severamente agravada por las disposiciones del Decreto 7-2025 y del artículo 54 del Decreto 27-2025, en cuanto a que debilitan de manera inaceptable a las entidades responsables de emitir avales y autorizaciones a los proyectos presentados por los Codede, especialmente por la Segeplan, y contravienen la Ley Orgánica del Presupuesto con autorizaciones excepcionales para trasladar a los ejercicios fiscales siguientes las asignaciones no ejecutadas en el ejercicio fiscal presente.

[lh_tendencias]

Para el 2026, la asignación presupuestaria total para los Codede alcanzaría Q16,641.3 millones, un monto voluminoso que, por ejemplo, excede la asignación total para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

El Icefi expresa preocupación por las obras y proyectos de inversión pública en infraestructura introducidas en el artículo 121 del Decreto 27-2025, ya que, como muestra el anexo 6, se alerta que, incluso, algunos de estos proyectos carecen de código en el Sistema Nacional de Inversión Pública, y no medió análisis ni justificación técnica para su inclusión como readecuaciones presupuestarias ordenadas por el Congreso.

Tampoco se conoció el respaldo técnico para los montos asignados en calidad de pre-inversión y ejecución, en muchos casos, inusualmente iguales para proyectos sustancialmente distintos, lo que sugiere una asignación discrecional, antojadiza o politizada.

También es causa de preocupación que la CFPM reincida en la ya muy cuestionada práctica de incluir aportes directos a organizaciones no gubernamentales y otros entes, transferencias que en el pasado han sido objeto de serios abusos y casos de corrupción.

ASIGNACIONES A LAS ONGS

En el artículo 152 del Decreto 27-2025 se incluyen aportes que totalizan Q2,462.1 millones, para 158 entidades, la mayoría no gubernamentales, mezclando organizaciones bien conocidas y con reconocido prestigio, con otras cuyo origen y capacidades son desconocidas, sin desvanecer el riesgo histórico de vinculaciones y conflictos de interés con diputados, alcaldes y financistas de campañas electorales.

Sin menoscabo de las entidades que legítimamente puedan merecer y necesitar el apoyo financiero gubernamental, según el Instituto, volver a esta práctica con un monto tan voluminoso, al margen de las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto y de la Ley de Contrataciones del Estado, abre otro espacio mayúsculo para el abuso y la corrupción en el presupuesto aprobado para 2026.

El Icefi advierte que estas asignaciones anómalas cuantiosas fueron aprobadas prácticamente manteniendo el techo presupuestario global (el cual se redujo en solamente en 0.2%, o Q314.2 millones), lo que significa que se realizarán a costa de que los ministerios, las secretarías y otras entidades del Estado dejen de ejecutar proyectos y programas dentro de sus presupuestos.

En general, según el Instituto, esta anomalía incidirá en que el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo enfrentará aún más dificultades para ejecutar los proyectos y planes que se le reconocieron como positivos en su propuesta presupuestaria original, sumándose a los problemas que su administración ha enfrentado en 2024 y 2025 para ejecutar su presupuesto, pese a contar con recursos financieros suficientes.

El volumen y la gravedad de estas anomalías plantea desafíos muy serios al gobierno del mandatario Arévalo para cumplir el mandato recibido de la ciudadanía, en cuanto a aumentar la transparencia y reducir la corrupción, asegura Icefi.

De esta manera, el Instituto reiteró su preocupación por la tendencia anómala que muestran las asignaciones presupuestarias para los Codede.

Con una asignación ampliada de Q6,412.1 millones en 2024, de los cuales se ejecutaron solamente Q3,347.3 millones, una asignación ampliada de Q12,269.6 millones en 2025, de los cuales el Icefi estima se ejecutarán solamente Q6,449.6 millones, ahora con una asignación de Q16,641.4 millones para 2026, de los cuales, sin mejoras en controles y capacidades, se estima que se lograría una ejecución en torno a los Q7,000 millones, dejando para 2027 un saldo sin ejecutar de alrededor de Q10,000 millones.

Arévalo: modificaciones al presupuesto y préstamos aprobados no afectarán a gestión del gobierno

Si a este monto se suman el aporte ordinario que toca por ley en 2027, más otro aporte extraordinario como está siendo la tendencia en el Congreso, en el año electoral los Codede dispondrían de un monto cercano a los Q20,000 millones, que por las disposiciones del Decreto 7-2025, resultarían en extremo vulnerables a malversaciones y abusos con fines político electorales.

Así, el Icefi advierte que continuar con esta tendencia amenaza no solamente la integridad de las finanzas públicas, sino la del propio sistema electoral y la democracia de Guatemala.