Algunas semanas antes de la elección anterior, el entonces candidato Bernardo Arévalo fue aconsejado de alejarse de Samuel Pérez porque al analizar su accionar previo sobresalía su fanatismo personal e ideológico y por ello muy pronto le causaría problemas. No aceptó la opinión y, lejos de eso, al ganar la segunda vuelta pactó con otros partidos para darle gusto a su ahijado partidista, quien le colocara la banda presidencial. Duró pocas horas: los diputados lo sacaron del puesto. Conforme pasó el tiempo y como era de esperarse, comenzaron a verse rajaduras en la supuesta unidad del oficialismo y a notarse la decisión de no llevar a los puestos a personas con capacidad comprobada, sino buscarlos nada más entre los miembros de “la rosca” del partido oficial.

Al encabezar el grupo de diputados sin partido, llamados “independientes”, se afianzó su poder interno, lo cual en sí no merece objeción. Sin embargo, esta semana sobresalió una actitud francamente rechazable: no buscar la unidad y la participación de los sectores sociales como única forma de reducir las divisiones en el país, sino exigir la eliminación del sector privado, con referencia al Cacif. Esta exigencia estuvo enmarcada dentro de gritos destemplados por él y por otra diputada, en un espectáculo rayano en lo grotesco, hizo pública la evidente y conocida división del oficialismo inicial y comenzaron de inmediato las acusaciones de traición dirigidas a los diputados anuentes a crear la ley de alianzas para el desarrollo de la infraestructura económica.

El sector privado tiene importancia, y abarca empresas de todo tamaño. El Cacif no es en realidad un ente uniforme por estar integrado por representantes de actividades privadas a veces contrarias y contradictorias. Uniformar el concepto de sector privado con el de una de sus manifestaciones es una falacia de generalización imperfecta: “el sector privado piensa y actúa igual”. Eso simplemente no es así, aunque tampoco signifique aceptar la totalidad y la manera de sus acciones, lo cual es una imposibilidad tanto en la lógica como en la realidad. Como toda institución, son cuestionables y a veces rechazables sus criterios oficiales como entidad. Pero existe, es un factor importante en la vida nacional y muchos de sus miembros realizan actividades muy loables.

La participación de personas con pensamientos distintos facilita decisiones con mejores posibilidades de éxito, al ser aplicables en la realidad por tener una base ética y lógica sólida. Quienes están aferrados tercamente a su verdad, sin escuchar ni mucho menos admitir criterios distintos ni el derecho de los demás a ver las cosas desde otra perspectiva, de hecho contribuyen al atraso y demuestran un tácito temor, comprobado por recurrir al grito con la equivocada creencia y convencimiento de demostrar fuerza en los argumentos. Cuando se llama a la discusión —entendida como examinar y analizar criterios, no como pleito oral y hasta insultos para buscar razones contra una idea—, un factor principal es el respeto al interlocutor junto con el deseo de dialogar.

Samuel Pérez se equivoca por su manera de actuar porque tiene la ilusión de opio de ser candidato y ganar las siguientes elecciones. Si siendo miembro de Semilla era imposible porque en Guatemala el candidato oficial llega con un lastre en la espalda, ahora con su grupúsculo Raíces ya está fuera desde antes de participar, si puede. La aplicación de criterios político-ideológicos pasados y con muy malos resultados en varios países de América Latina es una garantía de fracaso. Por su parte, el Cacif necesita un análisis interno para descubrir y corregir sus errores y los resultados de estos, conscientes de la inexistencia de una unidad de criterios entre sus integrantes. Se debe recordar: el mundo no está en una época de cambio, sino en un cambio de época