El ingreso de divisas por remesas familiares en Guatemala volvió a mostrar un comportamiento alcista durante el primer semestre, situación que estaría relacionada con las políticas migratorias en Estados Unidos y la reciente aprobación del impuesto de 1% a las transferencias, que entrará en vigor el 1 de enero del 2026.

En junio, la balanza cambiaria volvió a registrar un aumento en las remesas: el ingreso ascendió a US$2 mil 219.3 millones, lo que representa un incremento de US$458.7 millones (26.1%) en comparación con junio del 2024, cuando se reportaron US$1 mil 760.6 millones.

En mayo, el indicador se situó en US$2 mil 281.1 millones, un comportamiento que se atribuye a fechas como el Día de la Madre, cuando los migrantes envían más recursos a sus familias.

Crecimiento a doble dígito

Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), explicó a Prensa Libre que, en términos acumulados, el ingreso de divisas por remesas a junio fue de US$12 mil 127.7 millones (unos Q93 mil 377 millones), lo que representa un incremento de US$1 mil 856.3 millones (18.1%) respecto del mismo período del 2024, cuando la variación fue de 6.4%.

Este ingreso extraordinario observado en los primeros 180 días del año se destina, en parte, al consumo en el hogar.

González Ricci indicó que, en junio, tanto el monto como la frecuencia de los envíos se incrementaron considerablemente, y que el promedio diario nuevamente superó los US$93.8 millones, una tendencia también observada en mayo.

El Banguat mantiene la estimación de que, al cierre del 2025, Guatemala podría recibir US$23 mil 466 millones (unos Q180 mil 688 millones) y, en el 2026, US$24 mil 618 millones (Q189 mil 555 millones), lo que equivaldría a una participación del 19% del PIB.

¿Qué efectos se espera por el impuesto?

Un análisis de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA) advierte que el impuesto a las remesas tendría un impacto significativo en la región.

Este gravamen afectaría especialmente a los migrantes que no son ciudadanos estadounidenses, entre ellos los indocumentados, residentes permanentes y titulares de visas temporales (como H-1B, H-2A, H-2B, F-1, entre otras).

El informe señala que el impuesto encarecería las transferencias y podría reducir su volumen, con efectos en el consumo, la migración hacia canales informales y, eventualmente, una nueva ola migratoria.

Afectación directa

Al igual que los análisis realizados por el Banguat, el reporte de la SECMCA detalla que el impuesto afectaría a cerca de 4.2 millones de personas en Centroamérica, entre ellas tres millones de migrantes indocumentados, residentes legales y trabajadores temporales.

Los ciudadanos estadounidenses estarían exentos, pero deberán verificar su estatus para obtener la exención fiscal o el crédito tributario, lo que genera preocupaciones sobre privacidad y burocracia.

“Al absorber el costo, los remitentes posiblemente reducirían los montos enviados, por lo que las familias receptoras recibirían menos dinero en los países centroamericanos”, advierte el informe.

Canales informales

La implementación del impuesto podría empujar a los migrantes hacia métodos no regulados, lo cual incrementaría el riesgo de fraude y lavado de dinero, y beneficiaría a organizaciones criminales, según el reporte.

Además, el aumento en los costos limitaría la capacidad de envío, especialmente entre migrantes de bajos ingresos, quienes optarían por canales informales para evitar el tributo.

Impacto por país

La SECMCA proyecta diversos impactos económicos, dado que las remesas representan entre 19% y 26% del PIB en Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

Entre los posibles efectos destacan:

• Ralentización del crecimiento económico: La reducción en las remesas afectaría el consumo familiar y sectores como el comercio minorista, la agricultura y pequeños negocios.
• Aumento de la migración: La pérdida de ingresos podría impulsar una nueva ola migratoria, según el Inter-American Dialogue, que prevé un alza en la intención de migrar en los próximos dos años.
• Riesgos financieros: El cambio hacia canales informales, como criptomonedas o efectivo, aumentaría el riesgo de actividades ilícitas, dificultando el control estatal.
• Impacto en la industria de transferencias: Las empresas formales podrían ver reducidos sus ingresos, lo que afectaría la recaudación fiscal en EE. UU. y limitaría la innovación financiera en la región.
• Tensiones diplomáticas: La medida podría tensar las relaciones entre EE. UU. y los países centroamericanos, dada la alta dependencia de las remesas como fuente de divisas.