Desde la llanura de la oposición, Bernardo Arévalo y correligionarios reclamaban transparencia, exigían candados al gasto público y también controles de calidad sobre la ejecución de recursos públicos. En el 2024, el Congreso de la República aprobó un primer traslado, supuestamente emergente, de fondos de los Consejos Departamentales de Desarrollo, para configurar un inédito bolsón de Q12 mil millones, del cual solo se ha ejecutado una cuarta parte en nueve meses.

Las presiones de bloques y las exigencias de mejora en la ejecución de recursos toman al oficialismo prácticamente sin bancada, partidos entre una semilla y una raíz que no tiene forma. Lograron negociar presupuesto en el 2024 y una directiva variopinta y débil, pero la avidez de fondos y de poder ha consolidado a una oposición, igual de yuxtapuesta y pegada con chicle de intereses clientelares, así como de querer influir en las designaciones institucionales del 2026. En ese Frankenstein de bancadas, en el cual hay pedazos de unos partidos, tránsfugas de otros y ansias de nuevos armatostes electoreros, que ya le va robando al pueblo de Guatemala siete meses de aumento salarial ilícito a diputados, se viene un nuevo abuso que se quiere disfrazar de legalidad, de consenso y hasta de innovación. Pero es ilegalidad, atraco y retroceso.

El decreto 7-2025, aprobado con el oficioso respaldo de 108 diputados, ha despertado una ola de rechazo que difícilmente puede ignorarse. La norma permite que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) trasladen automáticamente al siguiente ejercicio fiscal los recursos no ejecutados. Se argumenta que ello agilizará la inversión social en la provincia, pero en realidad es una puerta al infierno de la corrupción.

En primer lugar, dicho botín amenaza la endeble capacidad de auditoría financiera y el control de la autoridad sobre el uso de recursos. La Ley de Presupuesto sostiene el principio de anualidad presupuestaria. Ordena que cada ejercicio fiscal concluya el 31 de diciembre y que los saldos no utilizados regresen a la Tesorería Nacional.

Ese ciclo no es una formalidad vacía, sino una garantía de transparencia y cuentadancia. A la vez funciona como acicate para que funcionarios de todo nivel, a cargo de la ejecución de obras, tomen las previsiones de planificación, licitación, contratación y supervisión.

Los diputados tienen la gorda obligación de fiscalizar la ejecución, no de ejecutar y mucho menos de disponer a dónde va el dinero. Y este afán codicioso es el que se lee como motivación del intolerable decreto 7-2025. Sí, se necesitan modelos versátiles para la ejecución de obras de beneficio público. De hecho, esa ha sido una de las exigencias a lo largo de los 20 meses del gobierno de Arévalo: agilizar el desarrollo de infraestructura. Pero de eso a dejar que los recursos públicos de los Codedes puedan saltar de año en año hay todo un abismo de diferencia. Y es en ese abismo de ingobernabilidad de recursos en el que no se quiere caer. Se pueden flexibilizar mecanismos de ejecución, siempre y cuando haya claros, constantes y estrictos controles. Y es lo que no tiene el botín de los 108.

Sectores del país, académicos, empresariales, técnicos y económicos han solicitado al presidente Arévalo vetar este bolsón politiquero porque vulnera la institucionalidad y abre espacios para la discrecionalidad, el dispendio y los tráficos de favores. Es su potestad hacerlo. Pero también es su obligación ética y legal. Primero, porque contraviene principios legales claramente establecidos. Segundo, pero no menos importante, porque es este tipo de prácticas a las cuales se oponían él y su partido cuando decían defender un manejo probo del erario.