La democracia guatemalteca está en disputa y el 2026 será clave para determinar el rumbo político del país para los próximos años. Cuatro elecciones en instituciones con enorme peso, por la trascendencia e impacto de sus decisiones, confluyen en los siguientes meses y de sus resultados dependerá, en buena medida, la suerte de nuestro frágil e inestable sistema democrático.

Con la elección de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC), a las que se suma la de la rectoría de la Universidad de San Carlos (Usac), nos debatimos entre el avance del Estado de derecho o la consolidación de la regresión autoritaria y del sistema corrupto.

Muestras de cómo impacta en todos los niveles el que estas instituciones estén en manos de personas vinculadas a redes y estructuras antidemocráticas y de corrupción tenemos de sobra. La expresión extrema es el Ministerio Público de María Consuelo Porras Argueta, que utiliza maliciosamente el derecho penal como herramienta de persecución y castigo.

En 2023 estuvimos a punto de un rompimiento institucional, derivado precisamente de esa captura y cooptación y, de no ser por la valiente y decidida movilización ciudadana —con las autoridades de los pueblos indígenas a la cabeza— que evitó el golpe judicial de la Fiscalía y sus jueces aliados para desconocer la voluntad popular expresada en las urnas, ahora estaríamos contando otra historia.

La primera elección que aparece en el calendario es la de las magistraturas del TSE. Las personas que resulten electas y que tomarán posesión el próximo 20 de marzo serán responsables de organizar los procesos electorales del 2027 y 2031. No hay que explicar mucho acerca de la trascendencia que reviste su conformación y la diferencia sustancial entre un pleno integrado por personas honorables y de trayectoria intachable (como supimos tener) y otro bajo influencia de sectores política y económicamente poderosos, incluyendo a grupos al margen de la ley.

Que las decisiones del Tribunal Supremo Electoral estén sujetas a componendas y a incentivos perversos —de diversa índole— pone en entredicho la integridad electoral y la certeza de los resultados, con todo lo que eso significa. Ya hemos visto cómo en los últimos años se ha deteriorado la confianza ciudadana en la autoridad electoral que no solo organiza las elecciones sino se encarga de la impartición de justicia electoral, la regulación y fiscalización de los partidos políticos y la administración de los tiempos de campaña en los medios de comunicación. También en el anterior proceso electoral fuimos testigos de cómo se manipuló la inscripción de candidaturas de los binomios presidenciales.

Por eso el interés de los grupos de poder y de las redes corruptas en garantizar su influencia en el proceso de elección de las magistraturas al TSE que, por disposición constitucional, se realiza a través de una comisión de postulación integrada por cinco comisionados titulares y cinco suplentes que envía una nómina de 20 candidatos al Congreso para que las y los diputados elijan.

Al momento de escribir esta columna se están llevando a cabo las elecciones en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), cuyos agremiados (abogados y científicos sociales) votan para designar a un representante titular y uno suplente para la postuladora del TSE. Esperemos que los resultados contribuyan a fortalecer las opciones democráticas e independientes dentro de la comisión, que garanticen la inclusión de candidatos/as idóneos y honorables. En este 2026 nos jugamos la libertad y transparencia de las elecciones del 2027.