Al año poco más de Q30 millones se destinan para el pago de recompensas por información en temas de seguridad. Sin embargo, los procesos para los pagos son decisiones discrecionales de las autoridades de turno.

El Ministerio de Gobernación (Mingob) y el de Defensa Nacional (Mindef) tienen a su disposición, año con año, Q30 millones para el pago de recompensas. Al Mindef se le asigna el 73% de ese presupuesto, de acuerdo con los reportes del Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoin).

El Mingob este año ha pagado Q7 millones 700 mil en recompensas, que es poco más del 80% del monto total disponible. Los tres años anteriores la cartera del Interior ejecutó todo el presupuesto para recompensas, que fueron más de Q5 millones anuales.

En la institución el proceso para definir los pagos por recompensas queda a discreción del ministro, director de la Policía Nacional Civil (PNC) y el director financiero, según explicó un exinvestigador de la institución. Además, comentó que no hay una tabla que defina montos específicos ni tipos de informaciones.

El Mingob luego de la fuga de los 20 líderes del Barrio 18 de Fraijanes 2 ofreció Q150 mil por información que facilite la recaptura de cada pandillero. Dos de los cuatro recapturados hasta la fecha fueron por medio de una denuncia anónima -no se solicita ningún dato del denunciante- de Crime Stoppers por ese motivo no se efectuó el pago de recompensa, en ese caso.

En los reportes desde el 2022 a la fecha el Mindef ha ejecutado el 100% del presupuesto de recompensas. Todos los años la cartera castrense utiliza los Q22 millones que le corresponden, para este año hasta el 31 de octubre la institución aún tiene Q5 millones pendientes de ejecutar.

La ley del marco del Sistema de Seguridad Nacional y la Ley del Organismo Ejecutivo establecen que la inteligencia militar de limita al ámbito externo y prohíben explícitamente utilizarse sobre la población civil, funciones que le competen a la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici).

Se consultó con ambas instituciones sobre los procedimientos para efectuar los pagos, qué tipo de información y sobre quién es la que se toma en cuenta para los pagos, coordinaciones interinstitucionales, pero no se recibió una respuesta para el cierre de la nota.

Resultados

La estrategia del pago por recompensas no es un proceso confiable, de acuerdo con el análisis de Francisco Molina, experto en seguridad y exsecretario de Bienestar Social. Aunque aclaró que en otros países es una estrategia que sí funciona porque está regulada y validada.

“En Guatemala no es un método confiable, porque no está regulado y eso genera desconfianza. El sistema no le da seguridad al ciudadano para que pueda denunciar. No es un método factible porque no hay condiciones”, enfatizó Molina.

Aconsejó que el método se debe de describir en un protocolo de inicio a fin de que incluya la manera en la que se van a auditar los pagos de recompensas para que pueda haber certeza y pueda funcionar.

Criticó que el mecanismo, como funciona actualmente, se pone en duda que los pagos de recompensas los reciban personas allegadas a los prófugos o a la misma institución.

“Me preocupa que se use el 100%, hay que poner ojo a quien se le está pagando porque puede ser que lo estén usando como mecanismo para cobrar esos millones”, advirtió el experto.

Molina hizo un llamado a la Contraloría General de Cuentas (CGC), a la Comisión Nacional contra la Corrupción y a los entes relacionados porque se ejecuta todo ese presupuesto que no es de inversión sino es para una medida reactiva.

“Son recursos de los ciudadanos y resulta en un pago doble porque se usan recursos de los impuestos para la seguridad y el Sistema Penitenciario y adicional esos Q30 millones que podrían ser invertidos en desarrollo”, añadió.

Auditoría

El presupuesto de recompensas del Mingob está asignado a la Digici y el de Mindef está clasificado como apoyo logístico y financiero. César Elías, exsubcontralor, explicó que hay un procedimiento definido en estos casos en los que se realizan auditorías que involucran información sensible.

Detalló que los auditores tienen confidencialidad con la información que se pone a su disposición, además que en casos en los que hay información reservada se acostumbra que las instituciones ponen los datos a la vista de los auditores más no se permiten fotografías o fotocopias.

También que la CGC puede elevar el caso hasta los tribunales de justicia, si la información que se busca auditar no fuera proporcionada por la institución.

Sobre la falta de una tabla que defina montos, Elías indicó que todos los procesos pueden ser mejorados “Todo se puede mejorar, todo lo que es facultativo se presta a irregularidades. yo soy de la idea que debe regularse. La CGC debe de formular recomendaciones para que quede regulado, aunque, por supuesto, son los especialistas en investigación criminal quienes deben de estandarizarlo”, puntualizó.