A partir del 31 de diciembre de 2025, entrarán en vigor nuevos criterios en el proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos, con énfasis en los riesgos sanitarios. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) implementará parcialmente una norma aprobada desde el 2020, que contempla como barrera los peligros para la salud pública.

El cambio responde a una actualización conjunta del DHS y el Departamento de Justicia (DOJ), que reviven disposiciones sustantivas de la llamada Regla Final sobre Prohibiciones de Seguridad y Procesamiento, impulsada durante el gobierno del presidente Donald Trump. Aunque aprobada hace cinco años, la norma no había sido aplicada hasta ahora.

Con la nueva directriz, los extranjeros podrán ser considerados no elegibles para el asilo o la suspensión de deportación si presentan síntomas de enfermedades transmisibles o si se determina que han estado expuestos a una durante su período de incubación. Esta evaluación se enmarca dentro de una emergencia de salud pública reconocida por las autoridades federales.

Además, el DHS y el DOJ conservarán la facultad de identificar países o regiones en situación epidémica como zonas de riesgo sanitario. Las personas provenientes de esos lugares pueden ser excluidas del beneficio migratorio si su ingreso representa un peligro para la seguridad nacional o la salud pública.

“El DHS y el DOJ pueden considerar los riesgos sanitarios como una prohibición válida en el proceso de asilo”, afirmó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) en un comunicado.

Suspensión temporal de solicitudes

Previo a la entrada en vigor de la nueva regla, el 2 de diciembre de 2025, el Uscis ordenó la suspensión administrativa de todas las solicitudes de asilo mediante un memorando de políticas. Esta medida afecta el procesamiento de los formularios I-589 —tanto para solicitudes como para suspensión de remoción— sin distinción de nacionalidad.

El objetivo, según la agencia, es revisar exhaustivamente los procedimientos actuales para reforzar los controles de seguridad nacional. El Uscis reconoció que habrá retrasos, pero aseguró que la decisión forma parte de “los esfuerzos continuos por apoyar las prioridades de la administración Trump”.

Cambios procesales descartados

Aunque se mantienen las disposiciones sobre salud pública, se retiraron varios cambios procesales incluidos en la versión original de 2020, especialmente los relacionados con las entrevistas de temor creíble. Las autoridades aclararon que estas modificaciones habrían generado conflictos con normas ya vigentes desde 2020.

Pese a ello, los oficiales de asilo y jueces de inmigración podrán aplicar criterios de salud como parte del análisis de elegibilidad, desde las etapas iniciales. La decisión dependerá del contexto sanitario y del caso particular.