La audiencia de inicio de etapa intermedia del primer grupo procesado por el caso “Toma de la USAC: Botín Político” estaba programada para este martes 23 de julio; sin embargo, se suspendió debido a que uno de los sindicados no se presentó y únicamente envió una excusa.

Según se confirmó, se trata de Eduardo Velásquez Carrera, quien por medio de su defensa presentó una constancia médica ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal indicando que presentaba problemas de salud que le impidieron comparecer.

En ese contexto, el juez Víctor Cruz reprogramó la diligencia para el 16 de diciembre, a las 14:00 horas.

#AHORA La audiencia de inicio de etapa intermedia del primer grupo procesado por el caso “Toma de la USAC: Botín Político” se suspendió, debido a que Eduardo Velásquez presentó una excusa médica indicando que tiene problemas de salud. Aún no se ha informado para cuándo se… pic.twitter.com/Vg41Xyq631

— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 23, 2024

En esta fase se definirá la situación legal de seis personas, específicamente se establecerá si enfrentarán o no juicio por su presunta participación en la toma de las instalaciones del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Además de Velásquez Carrera, entre los procesados se encuentran Marcela Blanco, Javier de León, Martín Macario, Alfredo Beber Aceituno y Rodolfo Chang Shum.

Acerca del caso “Toma de la Usac: Botín Político”

De acuerdo con el Ministerio Público en el caso denominado “Toma de la Usac: Botín Político”, en el cual están señalados estudiantes y docentes universitarios, integrantes del partido Semilla, diputados actuales y electos, así como el binomio presidencial, integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, se investigan acciones irregulares vinculadas con la toma de la sede de la casa de estudios.

La Usac presentó una denuncia en 2022 tras la ocupación, a su criterio “ilícita”, de las instalaciones y un año después planteó otra por los daños causados al recinto. En ese sentido, la fiscalía inició con las investigaciones en seguimiento a los hechos denunciados.

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De igual forma, le solicitó a un juez competente la realización de diversas diligencias en calidad de anticipo de prueba, lo que permitió documentar los daños causados en el marco de la toma que duró 385 días. De esta manera se estableció un daño patrimonial estimado en Q90 millones.

“Asimismo, se determinó que existió vandalismo, por ejemplo, la quema y robo de vehículos, sin dejar de lado los servicios sociales que la universidad dejó de prestar a la sociedad guatemalteca debido a esta situación”, destacó el MP en su momento.

* Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7