Un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, fue quien tomó la decisión de continuar con los vuelos de deportación de inmigrantes venezolanos a El Salvador, en marzo de este año, a pesar de la orden judicial emitida por el juez de distrito de EE. UU., James Boasberg.

Según información citada por The Guardian, en la presentación judicial del martes 25 de noviembre, el Departamento de Justicia dijo que “el fiscal general adjunto Todd Blanche y el fiscal general adjunto principal asociado Emil Bove brindaron al DHS asesoramiento legal con respecto a la orden de la corte sobre los vuelos que habían salido de los Estados Unidos antes de que se emitiera la orden, a través del asesor general interino del DHS, Joseph Mazzara” y que “después de recibir ese asesoramiento legal, la secretaria Noem ordenó que los detenidos de la AEA que habían sido expulsados de los Estados Unidos antes de la orden de la corte pudieran ser transferidos a la custodia de El Salvador”.

Dicha presentación se produjo mientras Boasberg reanudó recientemente su investigación sobre si la administración del presidente Donald Trump violó las órdenes de detener los vuelos de deportación a principios de año.

Ese mismo mes, la administración Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, del siglo XVIII, para deportar a unos 250 presuntos pandilleros venezolanos a la prisión Cecot, en El Salvador.

Sin embargo, el Departamento de Justicia sostuvo que la administración de Trump no violó la orden del juez, ya que los detenidos ya no se encontraban en territorio estadounidense cuando esta se dictó. Alegó que el fallo no era aplicable y que, por ello, los aviones no regresaron al país norteamericano.

“Si bien el contenido del asesoramiento jurídico brindado al DHS y a la secretaria Noem es privilegiado, el gobierno ha explicado repetidamente en sus escritos —ambos en apelación ante este tribunal— por qué sus acciones no violaron la orden del tribunal, y mucho menos constituyeron desacato”, escribió el gobierno.

“En concreto, la orden escrita del tribunal no pretendía exigir el regreso de los detenidos que ya habían sido expulsados, y la directiva oral anterior no constituía una orden judicial vinculante, especialmente después de la orden escrita”.