La administración Trump ha retirado todas las tropas federalizadas de la Guardia Nacional de las ciudades estadounidenses, después de que sus repetidos intentos por aumentar las fuerzas en los estados gobernados por los demócratas se encontraran con obstáculos judiciales. La retirada se concretó discretamente a finales del mes pasado, sin que la Casa Blanca ni el Pentágono lo reconocieran públicamente. Fue un cambio radical después de que el presidente Donald Trump y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, insistieran en que las movilizaciones eran necesarias para combatir lo que, según ellos, era una violencia desenfrenada y para apoyar la aplicación de las leyes de inmigración del país.

Los despliegues —que incluyen más de cinco mil soldados en Los Ángeles, aproximadamente 500 en Chicago y 200 en Portland, Oregón— se ordenaron a pesar de la vehemente oposición de las autoridades estatales y locales, quienes calificaron las acciones de la administración de abuso ilegal de la autoridad presidencial. Todos esos militares fueron enviados a casa a finales de enero, según el Comando Norte de EE. UU. Más de dos mil 500 miembros de la Guardia Nacional permanecen en Washington, D. C., en respuesta al despliegue ordenado por Trump, pero con estatus no federal. Se espera que su misión —parte de represión contra la delincuencia y parte de labores de saneamiento— dure hasta finales de año.

Además, la Guardia Nacional mantiene una presencia continua en Memphis y Nueva Orleans, pero esas misiones, si bien están financiadas por el gobierno federal, en virtud de un novedoso acuerdo con la administración Trump, son supervisadas por el gobernador de cada estado. Los portavoces de la Casa Blanca y del Pentágono no respondieron inmediatamente preguntas sobre la retirada de las tropas. A finales de diciembre, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una orden temporal que impedía a Trump llevar a cabo el despliegue en Chicago porque, según afirmó, la facultad del presidente para federalizar la Guardia Nacional probablemente solo se aplica en circunstancias excepcionales.

El fallo ha puesto en tela de juicio cualquier plan más amplio de la administración para utilizar tropas federales en el país para responder a los disturbios civiles. Los despliegues han costado más de US$496 millones, informó en enero la Oficina de Presupuesto del Congreso. Las tropas en Chicago, Los Ángeles y Portland fueron desplegadas bajo órdenes federales conocidas como Título 10, que permite al presidente ejercer autoridad federal sobre la Guardia Nacional de un estado, como cuando dichas tropas son desplegadas en el extranjero en tiempos de guerra. Si el despliegue es en territorio estadounidense, aún pueden ser incluidas en el Título 10, pero la ley impone restricciones significativas sobre sus funciones.

Cabe destacar que no pueden realizar actividades de aplicación de la ley, como realizar arrestos y registros, por lo que, en muchos casos, el personal involucrado en los despliegues nacionales de Trump fue relegado a la vigilancia de edificios federales y a realizar otras tareas menores. Las leyes que rigen lo que las tropas pueden y no pueden hacer en suelo estadounidense las hicieron “cien por ciento ineficaces para hacer lo que —Trump— quería que hicieran”, que era ayudar a controlar las protestas que surgieron a partir de sus directivas de aplicación de la ley de inmigración, dijo Randy Manner, un general retirado de dos estrellas del ejército y ex vicejefe interino de la Guardia Nacional.

“La administración”, dijo Manner, “finalmente se dio cuenta de que la cantidad de resistencia que estaba surgiendo, en términos de condena legal y pública, era mayor de lo que nadie anticipaba”. La retirada de Los Ángeles, Chicago y Portland también plantea interrogantes sobre el plan del gobierno de crear una fuerza nacional de reacción rápida integrada por miembros de la Guardia Nacional, designados para desplegarse de inmediato en cualquier zona afectada por disturbios civiles.

En los meses transcurridos desde que The Post informó por primera vez que el Pentágono estaba considerando la creación de dicha unidad, el gobierno parece haber adoptado una postura diferente, favoreciendo un mayor uso de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras fuerzas del Departamento de Seguridad Nacional, quienes visten y equipan como soldados, pero no están sujetos a las mismas restricciones legales en el uso de la fuerza.

Los críticos de la administración han dicho que la retórica encendida de Trump y otros funcionarios desafió la realidad prácticamente en todos los casos, ya que los disturbios en Los Ángeles, Chicago y Portland nunca llegaron a un punto de quiebre. En algunos casos, los miembros de la Guardia fueron utilizados para tareas fuera del alcance de su misión original, incluida una operación para ayudar a los agentes de ICE durante una redada en una granja de marihuana a cien millas del centro de Los Ángeles. Las tropas asignadas a la misión en otras ciudades fueron restringidas por decisiones judiciales que les prohibían salir a las calles, obligando a los comandantes a secuestrarlas en depósitos donde se entrenaban para movilizaciones que nunca llegaron a concretarse.

En enero, el Pentágono ordenó a unos mil 500 soldados en servicio activo que se prepararan para un despliegue en Mineápolis, escenario de manifestaciones masivas en protesta por las violentas redadas de inmigración y el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales. Dicho despliegue nunca se materializó, y la administración Trump, ante críticas generalizadas, incluso de algunos republicanos, redujo el número de personal de ICE y CBP en la zona. En Memphis y Nueva Orleans, cientos de efectivos de la Guardia Nacional permanecen desplegados bajo el Título 32, o control estatal, que otorga mayores facultades para la aplicación de la ley y la realización de arrestos.

En esos casos, Trump encontró gobernadores republicanos que lo apoyaron y permitieron un aumento de efectivos, y al solicitar oficialmente apoyo a la Casa Blanca, recibieron fondos federales para financiar el despliegue. En Washington, donde Trump afirmó que se movilizaron miembros de la Guardia Nacional para ayudar a reducir la delincuencia, inicialmente se les encargó recoger basura y limpiar escombros, mientras que otros patrullaban dentro de las estaciones de metro y puntos de encuentro como el National Mall y Union Station. Cuando Washington D. C. azotó una severa tormenta de hielo a principios de enero, los miembros de la Guardia Nacional ayudaron a limpiar calles y aceras.

En noviembre, dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados por un atacante cerca de la Casa Blanca, matando a la especialista del ejército Sarah Beckstrom, de 20 años, e hiriendo gravemente al sargento de la Fuerza Aérea Andrew Wolfe, quien aún se está recuperando.