Una de las principales razones por las cuales Guatemala se ha quedado estancada respecto de su inversión en infraestructura es que no cuenta con mecanismos ágiles para permitir que empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, inviertan en proyectos público-privados. La inversión respecto del PIB en el país es apenas de 16%.

Esto es importante tomarlo en cuenta, especialmente ahora que está en discusión y pendiente de primer debate en el Congreso la iniciativa 6433, que dispone aprobar las reformas al decreto 16-2010, Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) y otras leyes.

¿Pero por qué es tan importante? Quiero acá referirme a algunos puntos que son vitales para que el proceso de inversión en el país aumente y que esta iniciativa pretende resolver; claro que hay más, pero por espacio voy a tocar las que considero más importantes. Primero, debemos reconocer que el hecho de que todos los proyectos tengan que ir al Congreso para ser aprobados, como está actualmente, desincentiva a la administración pública en llevar más proyectos al Legislativo para aprobación. Hasta ahora solo un proyecto, la carretera Escuintla a Puerto Quetzal, ha sido sometido y aprobado en el Congreso en los últimos 15 años desde que se aprobó la ley de Anadie. Por lo que buscar medidas alternativas para que no todos los proyectos tengan que ir al Congreso para aprobación es urgente si queremos, con ello, aumentar la inversión.

El dictamen pretende generar diferentes categorías y procesos para la aprobación de contratos en el que en aquellos proyectos que sean de un organismo del Estado, entidad descentralizada o autónoma sin servicio público (aquel que se presta a la población en materias que no sean de salud, agua o educación), que el contrato pueda ser aprobado por el Consejo de la Agencia. Asimismo, introduce claridad a lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, la cual establece que la municipalidades pueden generar contratos de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica sin tener que ir al Congreso, por lo que pueden generarse servicios públicos municipales cuyos proyectos del contrato sean aprobados por el Concejo y que el contrato final sea aprobado por el Consejo de la Agencia, lo mismo para el caso de las mancomunidades, donde el proyecto de contrato puede ser aprobado por la mancomunidad de municipalidades.

Esta reforma es una gran oportunidad para las municipalidades y para el Estado de Guatemala, para generar más proyectos de Alianzas Público-Privadas que le permitan al país aumentar su inversión. Aunado a esto, el dictamen también incluye la posibilidad de contar con proyectos que se originen por medio de iniciativas no solicitadas, cuando las iniciativas o proyectos son presentados ante la Agencia por cualquier persona individual o jurídica, nacional o extranjera, para ser evaluadas y desarrolladas bajo la modalidad de contratación de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica. Esto puede revolucionar la cantidad de proyectos que se podrían tener en el país.

Por último, el dictamen también clarifica el nombre de la agencia a ANI, mecanismos para darle mayor certeza jurídica a los contratos, esquemas de cómo debe responderse ante incumplimiento o abandono del proyecto y resolución de controversias, así como recursos necesarios para la operación y para el fondo de capital privativo. El dictamen, sin duda, es una urgencia para el país, que podría acelerar el desarrollo y reducir la pobreza extrema en la medida que la inversión en infraestructura aumenta.