Son notoriamente volubles los talantes éticos, inexistente la coherencia ideológica y desconocidas las verdaderas fidelidades de la mayoría de diputados de varias legislaturas. Pero la actual anda marcando nuevos récords de politiquería, convenencierismo, ineptitud y escasa productividad. A la sombra de acciones, omisiones y entuertos congresiles podría afirmarse que ya no extraña cada dislate. Pero aún así sorprenden negativamente los nuevos sótanos oscuros en los cuales caen discrecionalidades, contradicciones y abusos.

Durante la atropellada sesión plenaria del martes último, en la cual se aprobó en tercera lectura la denominada Ley Antipandillas, surgió una extraña moción del diputado Samuel Pérez, exoficialista y ahora miembro del grupo Raíces: sugirió que la sesión fuera secreta para la discusión y aprobación de tal norma. A través de un quorum reducido se avaló la pretensión. Para justificar tan irrisorio método, Pérez invocó el artículo 79 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que establece un procedimiento secreto, sí, pero claramente estipula cuándo procede. “Siempre —indica— que se trate de asuntos militares de seguridad nacional”.

El adjetivo clave es “militares”, y el espíritu de la ley se confirma al incluirse también “operaciones militares pendientes” y “asuntos diplomáticos pendientes”. También se incluye en el secretismo cuando hubiere un antejuicio por abusos contra menores. Nada más. Fue un yerro del diputado Pérez, quien otrora cuestionaba toda confidencialidad estatal y exigía transparencia en todos los asuntos públicos. Pero más abyecto fue que se aprobara, incluso temporalmente, tal extremo, improcedente e innecesario. En materia de seguridad civil ciudadana y democrática no existe espacio legal para cualquier “sesión secreta”.

Pero, como dijo Arjona, “el problema no es el daño, el problema son las huellas”. Y ojalá este dislate no se convierta en el futuro en un potencial pretexto mañoso para una intentona similar. Quizá podría decirse que no hubo mala fe, pero, entonces, bien haría el diputado Pérez en declarar públicamente su error. Una yuxtapuesta alianza de oposición se las arregló para revertir el entuerto y cambiar la agenda de urgencia. Cabe señalar que no fue tanto en abierta defensa del precepto constitucional de publicidad de todos los actos públicos, sino porque les interesaba la publicidad en sí misma: querían que se difundieran sus encendidos discursos a favor de la citada ley, en el afán de que la pose bukelista se convierta en posicionamiento de cara a los siguientes comicios, aún distantes.

Son hechos los que permiten constatar que no les interesa refrendar el artículo 30 constitucional, que ordena: “Todos los actos de la administración son públicos”. Por el contrario, varios integrantes de esa alianza han sido célebres por el uso clientelar de fondos legislativos, por haber avalado el bolsón clientelar a favor de los Consejos de Desarrollo Departamental o hasta por aguantarse el sueño para hacer componendas noctámbulas, como la de la madrugada del 27 de septiembre del 2024, en la cual se aprobó un ilícito aumento salarial a través de una enmienda de curul firmada por varios que hoy son adalides de la transparencia.

No contentos con ello, negaron durante varias semanas el incremento salarial inconsulto y abusivo, que sigue sin ser discutido en el hemiciclo, tal como en su momento lo indicó la Corte de Constitucionalidad. Una comisión permanente le dio un aval que sigue siendo dudoso y repudiable. Por eso el secretismo es una de las raíces de la corrupción.