El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) presentó su análisis sobre el proyecto de presupuesto 2026 asignado al sector justicia, y advirtió que, aunque el gasto ha crecido de forma sostenida en los últimos años, persisten desequilibrios que limitan la capacidad operativa de las instituciones encargadas de seguridad, investigación y justicia.

Según el informe, entre el 2019 y el 2025, el presupuesto de las instituciones de justicia criminal en Guatemala ha aumentado, concentrándose principalmente en el Ministerio de Gobernación (Mingob), el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ), con el 95% de los fondos; sin embargo, su crecimiento no ha sido uniforme.

La propuesta de presupuesto para el 2026 mantiene la tendencia, aseguró David Casasola, experto del Cien, e incluye un incremento de Q1 mil 492 millones, en su mayoría para el Mingob, impulsado por la reforma a la Ley de la Policía Nacional Civil (PNC) — Q788 millones adicionales para el rubro de servicios de seguridad a las personas y su patrimonio, y expansión de infraestructura penitenciaria, por Q423 millones—.

Además, el informe resalta que el techo presupuestario del MP ha superado al del OJ desde el 2022.

El Cien señala que el MP es la entidad que más ha sostenido una tendencia de aumento presupuestario, mientras que otras, como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y el Instituto de Atención a la Víctima (IAV), continúan con niveles de financiamiento que el Cien considera insuficientes para la demanda que enfrentan.

En conjunto, estas tres instituciones reciben una asignación cercana al 5%, a pesar de la importancia de los peritajes científicos, la garantía del derecho de defensa y la atención integral a las víctimas.

David Casasola explicó que la ausencia de un presupuesto interinstitucional “limita la coordinación del sistema y perpetúa cuellos de botella que afectan tanto la calidad como la oportunidad de la atención”.

Los estudios del Cien respaldan este panorama. En agosto pasado, se informó que entre el 2014 y el 2024, solo alrededor del 11% de los homicidios avanzó hasta una acusación formal o una condena, lo cual evidencia limitaciones en las fases de investigación y judicialización.

Además, para el 2025 se estima que el 55.7% de las personas adultas víctimas de algún delito optaron por no denunciar, principalmente por miedo a represalias (19.9%) y por desconfianza en las autoridades (19.5%). Estos datos evidencian una profunda brecha de confianza en el sistema de justicia.

El centro de investigación también señala que, pese a las ampliaciones presupuestarias aprobadas cada año, varias instituciones enfrentan dificultades para ejecutar lo asignado, especialmente en inversión.

El informe resalta que el gasto del sector sigue orientado en gran medida al funcionamiento —principalmente salarios, arrendamientos y servicios—, mientras que la inversión en equipamiento, tecnología y fortalecimiento operativo continúa rezagada.

Para el Cien, esto provoca un crecimiento administrativo que no se traduce necesariamente en mayor efectividad en la prevención y resolución de delitos.

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