Representantes de la Oficina de Prevención de la Tortura (OPT) y de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) se desligaron este lunes 22 de septiembre de la decisión judicial que ordena trasladar a Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, de la cárcel de máxima seguridad Renovación 1 a Fraijanes II.

Durante una citación en el Congreso, ambas entidades coincidieron en que sus informes fueron utilizados de forma parcial o errónea por la jueza Lisbeth Mireya Batún Betancourt para justificar la resolución.

Alfredo Sánchez, relator titular contra la Tortura, afirmó que la OPT no recomendó el traslado. “Nosotros no sugerimos, solicitamos ni ordenamos traslados. Nos limitamos a verificar las condiciones que nos solicitó la jueza”, explicó.

Sánchez calificó como “riesgosa” la instrumentalización de informes técnicos y detalló que el requerimiento judicial pedía aspectos concretos sobre las condiciones del centro, como número de duchas, disponibilidad de agua o estado de las instalaciones.

“Respondimos dentro del plazo legal, pero sin emitir opiniones o recomendaciones. No existe en nuestro informe ningún apartado que sugiera el traslado”, insistió.

Por su parte, la PDH confirmó que tampoco recomendó el movimiento de Ochoa Mejía y que sus observaciones fueron de carácter general. Ambas instituciones coincidieron en que este caso representa un precedente preocupante sobre el uso de sus informes.

El subdirector del Sistema Penitenciario, Mario Pacay, también se desmarcó del caso. Dijo que su labor es administrativa y que no conoce los detalles de la resolución, aunque aseguró que se están utilizando recursos legales para evitar el traslado.

El subjefe del bloque VOS, José Chic, quien citó a las autoridades, expresó su preocupación por lo que considera un uso indebido de documentos oficiales. “La jueza fundamenta su decisión en informes que, según las propias instituciones, no incluyen recomendaciones. Esto amerita una revisión profunda”, señaló.

Además, cuestionó que mientras se prioriza a perfiles criminales como Ochoa Mejía, mujeres indígenas privadas de libertad no reciben atención similar. “Hay defensoras del pueblo q’eqchi’ encarceladas en Izabal que no han recibido ni una visita médica”, denunció.

Tanto la OPT como la PDH señalaron que el análisis institucional continúa, y que se evaluarán acciones para evitar que sus funciones sean distorsionadas en futuras resoluciones judiciales.

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