El Ministerio Público (MP), a cargo de la fiscal general Consuelo Porras, investiga a Luis Pacheco y Hector Chaclán, ex representantes de los 48 Cantones de Totonicapán, por supuestas ilegalidades durante los bloqueos de octubre de 2023 y la protesta en la sede del MP, mientras no confirma ni descarta si iniciará acciones contra el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), de Joviel Avedo, por el campamento frente al Palacio Nacional de la Cultura y el paro en las labores educativas.

Lo anterior hace contraste en la investigación y acusación contra Pacheco y Chaclán y las nulas acciones en contra de Acevedo, que recientemente dijo que esperaban la «debida ejecución del Ministerio Público», y que al suceder esto deben irse, mientras afirmó que son «respetuosos de la ley».

De momento, Acevedo ya suma un mes junto al magisterio en la Plaza de la Constitución.

La Hora se comunicó con el Departamento de Información y Prensa del ente investigador para conocer si existe una investigación en contra del sindicato magisterial por las acciones emprendidas desde el pasado 26 de mayo, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta. De contar con información se colocará en este espacio.

La posible falta de investigación en contra del STEG muestra los tiempos distintos del ente investigador, así como el doble estándar que utiliza en casos a los que le son relevantes, como ocurre en el caso del viceministro de Energía y Minas (MEM); y Hector Chaclán, extesorero de la referida organización, el cual se ha vuelto la prioridad número uno de la Fiscalía.

SIN INVESTIGACIÓN A STEG

El MP no ha confirmado o negado si investigará al STEG por las acciones que realiza para presionar al gobierno de Bernardo Arévalo para firmar el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, el cual convierte al líder del magisterio, Joviel Acevedo, en un “cuasiministro paralelo”, según el mandatario.

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Entre las acciones del STEGresalta una larga marcha liderada por Joviel Acevedo el pasado 10 de abril y otra manifestación más reducida el 12 de mayo.

También, desde el 19 de mayo, el STEG convocó a un paro de labores y asambleas permanente, el cual en un principio tuvo el apoyo del 16% de los maestros a nivel nacional, y luego el 26 de mayo inició un campamento en los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura, del cual asegura que solo saldrán a “porrazos”.

Ante ello, la Procuraduría General de la Nación (PGN) ha interpuesto al menos 10 acciones de amparo. El pasado 23 de junio, el Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala resolvió un amparo provisional, con el cual ordenó levantar las asambleas permanentes, bajo apercibimiento de certificar lo conducente al ente investigador, en el término de 48 horas.

Además, el pasado 24 de junio, el Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala resolvió en definitiva un amparo para que el STEG retome las clases en 48 horas, bajo apercibimiento de certificar lo conducente al ente investigador.

A pesar de ello, el STEG continúa con las medidas de presión, mientras que la Fiscalía continúa sin informar si iniciará acciones contra el magisterio.

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LA PRIORIDAD NÚMERO 1 DEL MP

El pasado 23 de abril, el MP reveló que tiene como prioridad número 1 investigar los bloqueos de 2023, que buscaban la destitución de la Fiscal General, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, así como el respeto a los votos emitidos durante los comicios que llevaron a Arévalo a ganar la Presidencia.

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La Fiscalía Contra el Crimen Organizadocapturó a Luis Pacheco y Hector Chaclán, luego de un operativo en la zona 1 capitalina, por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita, instigación a delinquir, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción de justicia.

Horas previo a la detención, el secretario general del ente investigador, Ángel Pineda, aseguró que “hoy será un gran día”, y un mensaje similar fue replicado en una cuenta vinculada al netcenter denominada “Lord Vader”, en la que, con anticipación, se revelan acciones que la Fiscalía realizará.

Ante ello, Pacheco señaló que no existía causa justa, porque las manifestaciones fueron colectivas, y no a título personal. “Todo fue a nivel colectivo, como se manifestó”, señaló.

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BAJO RESERVA

Tras la detención, el MP realizó una conferencia de prensa en la que no abordó los detalles específicos por los que acusa a los representantes de los 48 Cantones de Totonicapán, ya que el caso se encuentra bajo reserva.

El titular de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Klayber Sical, aseguró que la investigación derivó de una denuncia interpuesta por la supuesta comisión de hechos violentos que habrían alterado la seguridad y el orden constitucional del país.

El Fiscal aseguró que la investigación permitió la individualización de cinco personas, lo cual sostuvo que no era parte de una persecución hacia ningún grupo social o político y que tampoco se estaba persiguiendo por el derecho a la libre expresión.

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También, el secretario general del MP, Ángel Pineda, sostuvo que el ejercicio de los derechos constitucionales, como la manifestación o la libertad de expresión, no son absolutos y deben coexistir con otros derechos.

“Lo que no se permite es dañar la propiedad privada o poner en riesgo a otros ciudadanos bajo el argumento de una protesta”, indicó.

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Además, Sical afirmó que no fueron simples manifestaciones, sino que las protestas conllevaron actos con «una calificación específica para obtener un resultado».

Al mismo tiempo, el fiscal regional y encargado del despacho de Porras en caso de ausencia, Dimas Jiménez y Jiménez, indicó que los bloqueos pusieron en riesgo y vulneraron diversos bienes jurídicos tutelados.

LA AUDIENCIA

De manera extraoficial, La Hora conoció la audiencia de primera declaración celebrada por la jueza Carol Patricia Flores, en la que el MP presentó una serie de escuchas telefónicas, audios y videos en donde asegura que Pacheco y Chaclán son los responsables de bloquear el país en 2023.

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También, la Fiscalía presentó documentación de la Gobernación Departamental de Guatemala en el que se detalla que no hubo permiso para desarrollar las protestas en la Ciudad de Guatemala y otros municipios del departamento, según la comunicación extraoficial.

A su vez, extraoficialmente se conoció que el MP indicó que Pacheco habría coaccionado a los demás integrantes de 48 Cantones a participar en los bloqueos, y también utilizó el movimiento para obtener un puesto en el gobierno de Arévalo.

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En la imputación, el ente investigador también mostró que un ciudadano guatemalteco tuvo un enfrentamiento verbal con manifestantes, ya que debía asistir a la sede fiscal a firmar el libro de asistencia como parte de una medida sustitutiva dictada a su favor.

De esta cuenta, la jueza decidió ligar a proceso a Pacheco y Chaclán por terrorismo, al considerar que habrían convocado y ejecutado las manifestaciones de 2023, y que estos hechos vulnerarían el derecho a la vida, la locomoción y generaron intimidaciones y amenazas contra otras personas, según la información extraoficial conocida.

En su argumentación, la juzgadora afirmó que ambulancias no pudieron pasar hasta centros asistenciales, lo que atentó contra la vida de los guatemaltecos, al mismo tiempo que señaló que las protestas generaron pérdidas en productos perecederos.

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También, se conoció que la juez Flores indicó que los insultos a la Fiscal General, Curruchiche y otros funcionarios del MP podría constituir actos de intimidación y amenaza que se concretaron con las marchas convocadas supuestamente por Pacheco y Chaclán.

Además, extraoficialmente se supo que ligó a proceso a Pacheco y Chaclán por el delito de obstaculización a la acción penal, puesto a que el bloqueo frente a la sede central del MP provocó problemas en el desarrollo de las audiencias, entre otras acciones que afectaron la justicia.

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Posteriormente, la Sala Cuarta de Apelaciones Penal aceptó la petición del MP para agregar el delito de asociación ilícita en contra de los sindicados.