Esta entidad fue establecida legalmente el 16 de marzo último y tiene tres meses para poner en marcha tal política, aunque su vigencia es prorrogable.

Carlos García Rubio, viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, explicó durante la segunda reunión ordinaria que en el análisis de la política se incluirá a diferentes actores del país y se involucrará a la sociedad civil en el desarrollo del proyecto.

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“Hemos desarrollado una propuesta preliminar, con el apoyo del Ministerio de Educación, que está establecido como el ente rector de la política, y —estamos— avanzando en los lineamientos de los tres modelos que se establecen para el análisis de la política pública y cumplir con el plazo de los tres meses que se establecen el acuerdo 45-2021”, indicó García.

La semana pasada se programaron acercamientos con organizaciones de la sociedad civil para fortalecer el instrumento que está en desarrollo. Entre estas Ruda, Asociación Somos y el Observatorio de los Derechos de la Niñez (Ciprodeni).

Otto Rivera, director de Ciprodeni, confirmó que fueron convocados el pasado jueves por el Tercer Viceministerio de Gobernación, como parte de las consultas a la sociedad civil, pero en su respuesta, que envió por medio de un oficio, explicó que tenían un compromiso adquirido en días previos y además no podrían emitir opinión sobre un tema que desconocen.

Rivera señaló que en el país existen no menos de 14 tipos de familias, porque su composición es muy diversa, 11 de ellas lideradas por mujeres jefas de hogar, según sus propios análisis, por lo que cuando se habla de protección a las familias debería ser a todas.

Agregó que antes de participar en el análisis desean tener acceso al documento técnico. Al respecto les respondieron que considerarían su solicitud y se comunicarían de nuevo con ellos.

“Preocupa que esté en manos del Ministerio de Gobernación; es decir, si se conversa sobre protección de las familias en plural, ¿cómo los estaríamos entendiendo a prima fase? Yo lo estaría entendiendo como protección social, desde un enfoque de derechos humanos y no desde un enfoque de seguridad nacional. Desde esta perspectiva sería el Ministerio de Desarrollo Social quien debería liderarlo”, dijo Rivera.

Otras entidades que la última semana participaron en estos acercamientos no accedieron a dar detalles sobre su papel en estas mesas.

Identificación de riesgo

Carlos Gómez, subsecretario de Protección de la SBS, es uno de los funcionarios que han asistido a las reuniones del Comité y refirió que el objetivo es establecer las líneas estratégicas para armar la política pública de protección a la familia y la vida. Indicó que no están desarrollando la política, sino discutiendo por dónde la orientarán.

“Se decidió la ruta crítica, es decir cómo se estará trabajando, quiénes van a trabajar, qué mesas se van a implementar para poder contar con esa información. Como producto de eso podemos tener los enfoques hacia dónde se dirigirá”, señaló.

Gómez dijo que en las reuniones han abordado criterios como las familias más vulnerables, la discapacidad, el uso de tecnología, violencia intrafamiliar, consumo de drogas y otros elementos que a nivel de país se pueden abordar en la política.

Añadió que están en el proceso de identificar los principales problemas que afectan a la familia para darles solución por medio de la política.

Existen dos mesas, en una abordan aspectos técnicos y la otra evalúa el trabajo de la primera.

“Se hizo un cuestionario, donde se elaboraron las preguntas generadoras que cuentan con indicadores como la pobreza, el empleo, los servicios, todos esos elementos que permiten tener claridad sobre cuáles son esos factores de riesgo. Estamos en la parte de diagnóstico para poder conocer y definir esas líneas que podrían abordarse en la política pública”, explicó.

¿Cómo está integrado?

El Comité está presidido por el Ministerio de Gobernación e integrado por los ministerios de Educación, de Desarrollo, de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Salud Pública y Asistencia Social; la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y la de Bienestar Social.

El acuerdo que le dio vida al Comité establece que la cartera del Interior tiene doble voto en caso de empate en la toma de decisiones.

El objetivo de la nueva instancia es brindar asesoría integral para el análisis de la propuesta de la Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia.

Además, entre sus atribuciones se indica que debe impulsar los compromisos adquiridos por Guatemala en materia de derechos de la familia, así como coordinar dependencias del Ejecutivo para planificar e implementar programas públicos destinados a la protección de la vida y la institucionalidad de la familia.