Las zonas francas son espacios dentro del territorio nacional en donde existe un régimen tributario distinto para aquellas empresas que se dediquen a la producción, comercialización o prestación de servicios vinculados con el comercio internacional. Inicialmente Guatemala contaba con 17 zonas bajo este régimen pero ese número ha disminuido a seis, según datos de la Comisión de Finanzas del Congreso.

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Zonas Francas: La fórmula que podría utilizar Guatemala para retornar a las empresas que se fueron del país

Rosa María Bolaños

20 de abril de 2021 a las 05:00h

Lo anterior se debe a que en modificaciones legales del 2016 hubo un cambio en la normativa relacionada a las zonas francas, lo que vino a afectar a los emprendimientos ya establecidos ocasionando el cierre de varios negocios, y por consecuencia reduciendo las fuentes de empleo.

Para solventar esos problemas diputados del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo) presentaron el 30 de septiembre de 2016 la iniciativa 5174, proyecto que busca reformar el decreto 65-89  del Congreso de la República, la Ley de Zonas Francas.

Aunque el problema parece mayúsculo la legislatura pasada ignoró el proyecto que busca una solución, que centra sus artículos en crear certeza jurídica para las inversiones extranjeras, generando empleos en el interior de la república y promoviendo la exportación de productos.

Pero esta iniciativa que parece ser crucial para la reactivación económica de un país golpeado por la pandemia se ha ensombrecido por señalamientos de aparentes actos de corrupción, según diputados de la oposición.

Quienes afirman que existen rumores en los pasillos del Palacio Legislativo para comprar los votos a favor de la iniciativa, que añaden estaría incluyendo enmiendas de último minuto para beneficiar exclusivamente al sector empresarial.

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Dictámenes se contradicen

En septiembre del año pasado el bloque lesgislativo Winaq requirió a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) un dictamen de la iniciativa 5174, en donde la opinión de la entidad tributaria no era a favor de la iniciativa.

“En la forma que se presenta, tal y como se describió en el apartado análisis del presente Dictamen Conjunto, su aplicación representaría un sacrificio fiscal de Q4 mil 110 millones, razón por la cual, desde el ámbito de competencia de la Administración Tributaria no se considera procedente su aprobación”, concluye el documento elaborado con fecha 17 de marzo de 2017, que fue entregado a la bancada en septiembre del año pasado según una misiva de la SAT firmada por Manuel de Jesús Mejicanos, Intendente de Asuntos Jurídicos.

Pero la Comisión de Economía del Congreso recibió un segundo documento elaborado por el Ministerio de Economía (Mineco) y la SAT, en donde afirman que el impacto en la recaudación no será tan amplio, toda vez se apliquen una enmiendas que la mesa de trabajo tiene previsto presentar al momento que el proyecto se encuentre en su tercera lectura y redacción final.

“Las enmiendas permiten reducir el riesgo y la gravedad del sacrificio fiscal que pueda generar la reforma. Incluso a partir del cuarto año de vigencia de la reforma, el fisco lograría compensar su sacrificio”, explican que las perdidas tributarias se reducirían a Q110  millones y Q300 millones por año, según el documento con fecha 9 de marzo de 2021, firmado por los titulares del Mineco y la SAT.

Dudan del oficialismo

Los bloques de oposición del Congreso no creen que la iniciativa genere un aporte a la economía, por el contrario visualizan perdidas en la recaudación de impuestos por eventuales favoritismos que se estarían tratando de incluir en el proyecto, según Edgar Batres, diputado de Winaq.

“Dentro de las enmiendas hay una que nos preocupa que dice que las empresas recobren los derechos que tenían en el 89, esto implica un retroceso en la dinámica productiva del país ya que lo que se pretende con la iniciativa es devolverle los intereses fiscales, créditos fiscales, incentivos a las empresas que ya lo tuvieron, con esto creo que estaríamos violando el Tratado de Libre Comercio y convenios internacionales al ubicar a empresas con privilegios fiscales, estamos hablando de empresas nacionales, si esto es así no podemos aprobar una ley regresiva”, criticó.

Quien se suma a las dudas por la iniciativa es el diputado Samuel Pérez, de Movimiento Semilla, quien considera que para apoyar a la reactivación económica sería prudente impulsar antes la reforma al Crédito Hipotecario Nacional (CHN) para generar mejores condiciones en los préstamos bancarios, más no la Ley de Zonas Francas que se encuentra rodeada de dudas.

“No nos convencen nunca este tipo de proyectos que lo que buscan hacer es seguir dando privilegios a algunas industrias en Guatemala para que no paguen impuestos, esto lo que hace es convertir el modelo económico de Guatemala a competir por la miseria, no se compite por calidades o capacidades de los trabajadores, se compite básicamente por salarios de hambre y no pagar impuestos, esta Ley de Zonas Francas lo que hace de nuevo es perpetuar el sistema de privilegios en Guatemala”, precisó.

En esta oportunidad en la instancia de Jefes de Bloque, se hacen presentes diferentes funcionarios del Organismo Ejecutivo, para discutir y aclarar dudas sobre las reformas a la Ley de Zonas Francas, plantadas en la #Iniciativa5174. pic.twitter.com/9qkLf4hUWG

— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) May 10, 2021

Rechazan supuestos beneficios

Los presidentes de las comisiones legislativas de Economía y Finanzas rechazaron las sospechas de las bancadas de oposición, resaltando que esta iniciativa busca mejorar la certeza jurídica y atraer fuentes de empleo que ya se han perdido, sobretodo en un momento tan crucial como el que enfrenta el país por el golpe financiero que está dejando la pandemia.

“El sentido de una zona franca es eso, atraer inversión y no dar privilegios a los empresarios locales, a veces nos perdemos cuando pensamos en las zonas francas y pensamos en el empresario local y en las empresas que ya está; una que ya está instalada, que cierre para irse a meter a una zona franca y tener esos beneficios, pero en realidad ese no es el espíritu de la ley, su espíritu es atraer inversión y generar nuevas fuentes de empleo”, resaltó Duay Martínez, presidente de la Comisión de Finanzas.

Por su parte Rodolfo Neutze, presidente de la Comisión de Economía, resaltó los estudios recientes del Mineco y la SAT que abalan la aprobación de la ley con un paquete de enmiendas.

“Yo tengo conocimiento de una carta en donde el Mineco y la SAT, dice de que el impacto negativo es casi cercano a lo no existente, no podemos hablar de un hoyo fiscal cuando las enmiendas claramente hablan de que es delito que una empresa actual se acoja a esta ley, estamos hablando de generación de impuestos, no de evasión de impuestos (…) esperamos que los rumores y las mentiras no nos dejen sin la oportunidad de aprobar esta ley a la brevedad”, puntualizó.

Llamado a los diputados

Las reformas que el Legislativo hizo en 2016 a la Ley de Zonas Francas prohíben 42 actividades productivas, decisiones que sectores empresariales aseguran han tenido efectos negativos en la estabilidad económica, que respaldan con las siguientes cifras.

Según datos de la Asociación de Zonas Francas de Guatemala (Azofragua) de 282 empresas en Zonas Francas actualmente tan solo existen 172; también reportan la pérdida de 6 mil empleos directos y 9 mil indirectos.

“Hemos destacado que los 10 años se estén promoviendo como exención fiscal y no en 15 años como se está dando en un debate nuevo, además hay un acuerdo y consenso entre las autoridades del Mineco, la SAT y el Legislativo para que pueda avanzar esta iniciativa”, destacó Juan Pablo Bercián, Director Ejecutivo de Azofragua.

Por su parte Fnany de Estrada, de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), comentó recientemente en un artículo de opinión de la gremial empresarial que la pandemia ha ocasionado la perdida, de hasta ahora, 60 mil fuentes de empleo, por lo que añade que las reformas a la Ley de Zonas Francas pueden ayudar a mitigar ese problema.

“La Ley debe volver a permitir que se produzcan ensamble de electrónicos, vehículos, relojería, joyería, medicamentos, cosméticos y muchos otros productos que son típicos de estas Zonas y con ello ir a buscar inversionistas que deseen producir en Guatemala”, comentó.

Asociación de zonas francas solo reconoce enmiendas consensuadas con la Comisión y el Mineco

Juan Pablo Bercián, director ejecutivo de la Asociación de Zonas Francas de Guatemala (Azofragua) indicó que la entidad apoya la iniciativa de ley derivada del dictamen emitido por la Comisión de Economía con el fin de reincorporar diversos sectores a esa figura y cuatro enmiendas que fueron consensuadas tanto con esa comisión como con el Ministerio de Economía (Mineco).

La iniciativa busca reintegrar 13 sectores que habían sido sacados de ese régimen con las reformas a la ley en el 2016, además, incluir dos sectores nuevos como el de turismo y el de cerámica enfocado en fabricación de productos con ese material que se usan en microchips y desarrollo electrónico.

En el caso de turismo, será el Mineco el encargado de regular la implementación, agregó.

Expuso además que han hablado tanto con ese ministerio, la Comisión de Economía del Legislativo, con Pronacom y cámaras empresariales “y todos estamos en sintonía” y explicó que las enmiendas consensuadas buscan ser más rigurosas con sanciones por las malas prácticas de las empresas que usen ese régimen.

Si embargo el directivo dijo que no están impulsando reformas como las que se han divulgado recientemente que buscan exención impuestos por 15 y 20 años y que este tema no se incluye en las enmiendas consensuadas con el Mineco, además que no es viable porque la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) solo permite la exención por 10 años y una ampliación por hasta 10 años más.

Agregó que quienes están promoviendo esos cambios no consensuados lo que están haciendo es retardar el proceso de discusión de la iniciativa.

El directivo dijo que han visualizado que el Congreso se está fraccionando y este tema podría generar que se entrampe y que sea más complejo lograr la aprobación de las reformas.

Expuso que antes se hablaba de un sacrificio fiscal o montos de impuestos que el fisco dejaría de recibir con las reformas dictaminadas por Q5 mil millones, pero que ahora las autoridades del Mineco y de la SAT dieron a conocer que son Q300 millones. Además, comentó que les explicaron que se había generado una opinión política de interesados con obstaculizar las reformas.

Bercián dijo que un estudio a nivel mundial analiza el retorno de inversión en los países por las actividades de zonas francas. En Guatemala, dijo el directivo se estima que por cada Q1 invertido en una zona franca se generan Q3 en la economía del país.