Uno de los argumentos recurrentes de los presidenciables, que en cada campaña se repite como frase manida para intentar explicar cómo financiarán sus promesas y que en cada gobierno vuelve a quedar como tema pendiente es el combate del contrabando y la defraudación aduanera. Es un lastre atávico que se ha visto agravado por la porosidad fronteriza, la vigilancia discrecional, la resistencia a la acción de la autoridad y la conformación de mafias que se financian con la venta de productos trasegados.

Los daños de esta competencia desleal no son solo para las arcas estatales sino para la ciudadanía, incluyendo a los incautos que adquieren comestibles, licores, combustibles, ropa u otras mercaderías de precio aparentemente reducido pero con un altísimo costo a largo plazo: cierre o reducción de empresas locales que sí pagan impuestos, despidos, insuficiencia de recursos para financiar servicios de salud, educación o infraestructura, aumento de hechos delictivos debido a las pugnas entre bandas criminales y la expansión paralela de otros delitos vinculados como el narcotráfico o la trata de personas.

Los productos de contrabando conllevan problemas colaterales. Por ejemplo, existen plagas agropecuarias que se expanden debido al traslado sin supervisión de huevos, carne o frutas desde áreas infectadas; la falta de certificaciones sanitarias o farmacológicas dejan inermes a los potenciales consumidores de medicamentos, abarrotes o alcoholes empacados en condiciones antihigiénicas o de total inseguridad industrial. El negocio sigue boyante porque genera jugosas fortunas para cabecillas inescrupulosos, que con frecuencia se coluden con autoridades corruptas y conforman verdaderas gavillas agresivas al momento en que se ejecutan decomisos.

Por ello cobra especial relevancia la propuesta de la Superintendencia de Administración Tributaria de endurecer las penas de cárcel en contra de los contrabandistas y sus cómplices. Sin embargo, como bien señalan varios sectores productivos, de nada sirve decomisar cargamentos esporádicos si no se ataca a las mafias que a menudo se camuflan bajo la apariencia de negocios lícitos, pero cuyas cuentas de ingresos y egresos obviamente no cuadran o están disimuladas con dobles contabilidades. Como siempre, la ruta del dinero es la punta de una madeja muy gruesa.

El riesgo no está solo en los pasos terrestres, sino también en la zonas portuarias y aeroportuarias, donde los sistemas de detección no invasivos deben funcionar todo el tiempo y no esporádicamente, pues la supuesta aleatoriedad ha sido manipulada, como lo exhiben diversos casos judiciales, para permitir el paso de mercancías sin el correspondiente pago de impuestos. Paradójicamente, funcionarios de la SAT se empeñan en asediar a viajeros guatemaltecos que traen obsequios para familiares, a veces después de muchos años de no poder venir al país, pese a que la gran mayoría de tales bienes suelen estar dentro de las exenciones legales de ámbito global.

Finalmente, es necesaria una fiscalización constante de los activos y patrimonios de las autoridades y funcionarios destacados en las aduanas del país, las cuales pueden y deben estar interconectadas en tiempo real con bases de datos tributarias y comerciales. De hecho, la reciente aprobación de una ley de zonas francas debe reflejarse efectivamente en una mejora del empleo y competitividad económica a cambio de las exenciones otorgadas, las cuales, a su vez, también deben ser monitoreadas digitalmente hasta el último centavo.