Los efectos de la pandemia del covid-19 han sido profundos y multidimensionales. Aunque sus consecuencias son globales, el virus impactó en un mundo desigual y, además de evidenciar esas desigualdades, las profundizó.

Sin ir más lejos, el acceso a las vacunas muestra con crudeza esta realidad. Un informe de la Organización Mundial de la Salud, citado por la Deutsche Welle, destaca cómo “meses antes de que las vacunas se pusieran a disposición de la población mundial, los países ricos pudieron asegurarse millones de dosis, un privilegio al que no tuvo acceso el resto del mundo. Estados Unidos encargó por anticipado 800 millones de dosis de las vacunas antes de que estuvieran desarrolladas, mientras que el Reino Unido pudo hacerse con 340 millones de dosis anticipadas”, cita la publicación.

Este contraste entre países se da también al interno de nuestras sociedades. Entre el mundo urbano y rural; entre las comunidades indígenas y afrodescendientes y quienes viven en las zonas acomodadas de las ciudades; entre los hogares de renta media y los que sufren pobreza y, también, entre hombres y mujeres.

Para las mujeres, los tiempos que corren están siendo más difíciles que antes. La violencia de género, una constante en Guatemala, se ha exacerbado con las medidas de confinamiento, que han tenido como efecto no deseado la convivencia permanente con los agresores y, en muchos casos, la imposibilidad de denunciar o tener acceso a un espacio seguro. La violencia sexual contra las niñas alcanzó cifras tenebrosas. El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar) denunció que durante el 2020 se registraron diariamente 295 embarazos forzados en niñas y adolescentes.

La situación se agravó en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. El cierre de las consultas externas y la saturación de los hospitales por casos de covid se tradujo en maternidades no deseadas en situaciones económicas críticas, en una drástica reducción de las consultas y de acceso a métodos de planificación familiar y en un aumento de 14% en la tasa de muertes maternas, señala una publicación del medio La Cuerda, citando al Osar.

Por otro lado, vemos cómo la pandemia generó un retroceso en las tasas de ocupación y en las condiciones labores de la población femenina. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2020 hubo un retroceso de más de una década en la participación laboral de las mujeres en la región, que se tradujo en un aumento de hogares viviendo en la pobreza. La Cepal estima que actualmente hay 118 millones de mujeres latinoamericanas que son pobres, 23 millones más que en 2019. A esto se suman los despidos y recortes en sectores como el turismo, los servicios de cuidados y la educación, donde el empleo es mayoritariamente femenino. En el mundo pre-pandémico la carga del trabajo doméstico ya recaía en las mujeres, extremo que se agudizó tras la aparición del virus. Ni hablar del impacto en la educación que, según Unicef, ha provocado que más de 100 mil niñas y niños en Guatemala se hayan visto obligados a abandonar la escuela.

Un dato más. Las mujeres son parte crucial de la primera línea de respuesta a la pandemia. La Cepal afirma que el 73% de las personas empleadas en el sector salud son mujeres, que han debido enfrentar condiciones de trabajo extremas y un alto riesgo de contagio, en un contexto en donde sus ingresos laborales son 23.7% inferiores a los de los hombres que realizan el mismo trabajo.

Esta apretada síntesis del impacto de la pandemia sobre las mujeres expresa la imperiosa necesidad de generar como parte de las políticas de salida, respuestas específicas que atiendan y protejan los derechos alcanzados, eviten más retrocesos y enfrenten las desigualdades y violencias.