Es curioso cómo en el Sistema Penitenciario se siguen observando descontroles muy similares a los que existían cuando el actual presidente era el director. Se esperaba que con la experiencia obtenida en aquella gestión, con todo y los múltiples discursos lanzados desde aquel cargo, en su gobierno se produjera el esperado arranque de la transformación carcelaria, a fin de evitar lamentables hechos como la matanza acontecida ayer en el reclusorio de Cantel, Quetzaltenango.

No son nuevas la brutalidad, la saña y la indolencia con que fueron ejecutados al menos 7 reos, pero sí sorprende la total falta de vigilancia, la tardía reacción de las autoridades penitenciarias y policiales, así como la falta de protocolos para evitar este tipo de agresiones, que coinciden con un día pletórico de polémicas que de alguna manera se ven desplazadas del ojo popular a causa de la violenta masacre, la cual ocurre apenas dos días después del ataque armado perpetrado por un recluso, con saldo de otro interno muerto y un herido.

Si el ministro de Gobernación no fue capaz de dar una explicación satisfactoria de por qué la Policía dejó actuar por más de media hora a supuestos manifestantes que incendiaron dos ventanas del Congreso, el 21 de noviembre del 2020, pero sí agredió de forma salvaje e indiscriminada a ciudadanos que se manifestaban pacíficamente, es de esperarse que tampoco pueda explicar la disfuncional vigilancia que deja las cárceles prácticamente en manos de los reos. Podría incluso volver a ser llamado a interpelación y la pesada inercia de la alianza oficialista previsiblemente volvería a bloquear los cuestionamientos y finalmente simular una votación cuando no hay quorum.

Es necesaria una investigación exhaustiva, minuciosa e independiente sobre el origen de este violento suceso, que ocurre precisamente el mismo día en que se cuestionó la ejecución de la orden de detención contra un exsuperintendente tributario, que podía tener valor legal, pero fue efectuada utilizando vehículos del Estado, con las placas de circulación cubiertas, supuestamente por “motivos de seguridad”, según justificó un vocero policial. Apenas un día antes se cometió en Salamá el secuestro de un niño —que aún no aparece—, quien fue sacado de su vivienda e introducido a un automóvil sin placas. No hay excusa para la ilegalidad, y el argumento policial en favor de vehículos todoterreno con matrícula oculta solo tiene precedentes en el nefasto período de Donaldo Álvarez Ruiz, ministro de Gobernación del general Lucas García, de ingrata recordación.

La gravedad de los sucesos de Cantel precisa de una declaración presidencial de rechazo a tales actos y un compromiso efectivo, con cronograma e indicadores auditables, para hacer cambios en todo el sistema de prisiones, lo cual incluye la construcción de reclusorios de máxima seguridad. Si así ocurriera, lo coherente sería aceptar la asistencia técnica ofrecida por países amigos y por expertos guatemaltecos en el tema penitenciario, cuyos análisis y sugerencias han sido ninguneados por anteriores mandatarios.

Existen interpretaciones conspirativas según las cuales la matanza obedece a una cortina de humo para desviar la atención pública. De ser así, sería un fracaso, pues la ineficiencia en la gestión de vacunas, los desatinos legislativos e incluso el aumento del costo de vida constituyen realidades que no se pueden esconder, disimular ni justificar, aunque se cuenta con todo un ejército de netcenteros pagados.