Guatemala es un país que tiene múltiples y urgentes necesidades de desarrollo rural; a la vez posee tantos recursos naturales que resulta impensable dejar de aprovecharlos de una manera sostenible, supervisada, con respeto al medioambiente y, sobre todo, con un beneficio tangible para las comunidades que habitan las proximidades de potenciales proyectos. Se puede decir que un tesoro enorme está sepultado, pero si nadie lo extrae, si nadie lo pone en valor, es como si no existiera.

Por esa razón resulta tan significativo, el día de hoy, el inicio de una preconsulta con las comunidades próximas a la mina El Escobal, a la cual le fueron suspendidas sus operaciones hace cuatro años, con la consiguiente pérdida productiva, la merma de regalías para el Estado y la desaparición de plazas laborales directas e indirectas cuyo movimiento y derrama económica están, hoy por hoy, contenidas a la espera de una resolución ecuánime que permita la reactivación.

Se denomina preconsulta porque el objetivo es establecer, de común acuerdo, un mecanismo transparente, democrático y eficiente para evaluar las condiciones necesarias para el retorno de la actividad minera a la región. Esta primera fase es una gran oportunidad para exponer intenciones, establecer consensos y adquirir compromisos de respeto mutuo.

La convocatoria abarca a diversas instancias, por lo cual cada participante debe dar por sentado que las posturas dogmáticas o extremistas son totalmente inconvenientes en el marco de un diálogo que puede sentar precedentes históricos para otras controversias similares.

En la reunión participan el Parlamento Xinca, en representación de las comunidades del área de influencia; los ministerios de Ambiente, de Energía y de Cultura, los consejos comunitarios de Desarrollo, la Procuraduría de Derechos Humanos, universidades, la Comisión Presidencial de Diálogo y la Minera San Rafael.

A lo largo de las próximas semanas se desarrollará una metodología para la provisión de información pertinente sobre el futuro de la operación minera, las normas de cuidado ambiental que se deberán observar, los potenciales beneficios comunitarios y requerimientos específicos en cuanto a la supervisión estatal del proyecto. Tal cometido deberá desarrollarse con alta calidad profesional, tanto por respeto a los comunitarios como para denotar la calidad ética y jurídica de lo acordado, a fin de asegurar la legitimidad de la ulterior consulta.

Las discusiones deben ser debidamente transcritas y con el debido registro notarial, a fin de dejar bien sentado el aporte y la postura de cada sector participante. Los interlocutores deben estar debidamente empoderados y validados para poder asumir la responsabilidad histórica que implicarán sus intervenciones. Debido a que se trata de un asunto de interés público que a la vez sentará jurisprudencia en materia de aprovechamiento de recursos naturales, dejar constancia de lo tratado reviste mayor importancia.

La conflictividad debe dejar paso a la mediación y la búsqueda de acuerdos, porque este país ha padecido ya durante demasiados años los estragos de la polarización. La posibilidad de establecer marcos y expectativas respecto de una operación industrial es un hito que hará viable el desarrollo de la región a través de su propio tesoro.