Una de las sorpresas de esta semana fue la captura del exsuperintendente de la SAT Juan Francisco Solórzano Foppa, acusado, junto con otras 13 personas, de haber presentado documentación falsa para la inscripción de un partido político. Podemos sacar algunas enseñanzas de este suceso, siendo la más importante la importancia de velar porque se respete el debido proceso para todos, ya que, si no lo hacemos, tarde o temprano a cualquiera se le pueden violar sus derechos.

El Ministerio Público (MP) indicó que la acusación es porque declararon que se había llevado a cabo la reunión en donde se fundó el partido, cuando, según las investigaciones del MP, dicha reunión nunca se realizó. El que, además, entre los firmantes compareciera un muerto y varias personas que no podían escribir solamente serían agravantes.

Añadieron confusión a la captura las declaraciones del fiscal, cuando dijo que la reunión, además, no se podía llevar a cabo debido a la pandemia, pero esta era una aseveración falsa, ya que las restricciones a reuniones por la pandemia iniciaron 15 días después de cuando supuestamente se llevó a cabo la reunión. Por si eso no fuera suficiente, en el primer comunicado que publicaron pusieron que las revisiones se habían hecho en enero y febrero de 2020, lo cual claramente no podía haber sido, ya que eran fechas anteriores a los hechos. Después tuvieron que aclarar que se habían equivocado en el comunicado y que las investigaciones se habían hecho en 2021, no en 2020.

El otro factor que añadió ruido a la captura de Foppa fue el uso de un vehículo del Ministerio de Gobernación sin placas. Esa es una ilegalidad, y las excusas del Ministerio de que es por razones de “seguridad” no son válidas, mucho menos legales. La reacción natural de cualquiera —por lo menos la mía esa sería—, si se le cruza una camioneta negra sin placas enfrente, sería tratar de huir, sospechando un atentado o un secuestro. El hecho de que atrás fuera una radiopatrulla tampoco es garantía, ya que en Guatemala se ha capturado a muchos policías que han participado en secuestros. Así que esa acción del Ministerio de Gobernación es inaceptable y el MP está obligado a investigar de oficio y deducir responsabilidades.

Dejando el ruido de lado, es importante reflexionar sobre la importancia de las garantías constitucionales y penales fundamentales para la conducción de procesos legales en contra de presuntos delincuentes. Solórzano Foppa abusó de su poder como superintendente, creando la Gerencia de Investigación Fiscal, la llamada “oficinita”, que se dedicaba a investigar ilegalmente a tributarios para posteriormente solicitar al MP que pidieran su captura, saltándose procedimientos administrativos que ahora reclama para sí.

En su tiempo como superintendente, las críticas de ciudadanos preocupados por el debido proceso que solicitaban se optara por citaciones (y no por órdenes de captura), así como por medidas sustitutivas (y no por prisión preventiva), eran demeritadas, argumentando que, al pedir que se respetaran dichas garantías, se estaba abogando por corruptos. Pues ahora le está tocando una cucharada de su propia medicina.

De allí la importancia de entender que el poder es efímero y, por tanto, es vital asegurar por todos los medios posibles la limitación del poder, para que siempre se respeten los derechos de todos los ciudadanos, y que ni los presidentes ni los ministros ni los diputados ni los fiscales ni los jueces puedan abusar de él. Si no lo hacemos cuando violan los derechos de “los otros”, tarde o temprano se dará vuelta a la tortilla y violarán nuestros derechos.