La Corte de Constitucionalidad (CC) tiene la responsabilidad de resolver una inconstitucionalidad que presentó el abogado Otto Gómez en contra del acuerdo 59-2019, que da vida a la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Sin embargo, para profesionales del derecho, la acción legal carece de sustento.

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Juan Diego González

29 de mayo de 2021 a las 09:00h

Gómez expuso que a su criterio la fiscalía ha actuado de forma ilegal en todos los procesos, “violentando el propio convenio suscrito el 27 de febrero de 2011 entre Carlos Castresana (excomisionado de Cicig) y Juan Luis Florido (exfiscal general), en virtud que en dicho acuerdo se establecen varias ilegalidades atentando contra el Estado de Derecho en nuestro país. No se ha cumplido con fortalecer el MP”

Asimismo, afirma que luego de que no se renovara el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y se declarara non grato al excomisionado Iván Velásquez, la FECI no tiene fundamento legal.

Por su parte, Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, comenta que la fiscalía sí tiene asidero legal, ya que la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, la elevó a fiscalía de sección, fundamentada en el artículo 251 de la Constitución y 30 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Por tal razón, la inconstitucionalidad no procede.

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Expertos

Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), explica que la FECI tiene dos capítulos. El primero, en el que era el brazo operativo y “oficializador” de las investigaciones que se realizaban en conjunto con Cicig.

Luego, cuando no se renueva el mandato de la Cicig, la fiscal general, Consuelo Porras, modificó el acuerdo de la FECI y la elevó a la categoría de fiscalía de sección, con lo cual se incorporó al esquema organizacional del MP. Por tal motivo, Quezada considera que la existencia de la FECI no es inconstitucional.

“La actualización que le da la Fi0scal General hace que no sea inconstitucional el acuerdo -de la FECI-, ahora el acuerdo no tiene vicio de inconstitucionalidad porque se actualizó”, opinó Quezada.

Por su parte, Elvyn Díaz, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP), recuerda que la FECI se incorporó al esquema organizacional luego de que no fuera renovado el mandato de la Cicig para que continuara con los procesos penales que ya estaban en marcha.

“En términos generales, la fiscalía especial cuenta con marco normativo interno del Ministerio Público”, dijo Díaz.

Álvaro Montenegro, de Justicia YA, considera que la acción de Gómez es un intento para destruir el avance de la justicia de los últimos años.

“Con la destrucción al Estado de Derecho en este mes es factible que la CC acepte la inconstitucionalidad, independientemente de si hay asidero legal o no. Nosotros llamamos a la ciudadanía a exigir un alto a estos atropellos”, dijo Montenegro.

En la misma línea se pronunció el vicepresidente Guillermo Castillo en su cuenta de Twitter.

“Es necesario que los guatemaltecos apostemos por el fortalecimiento de los órganos de control e investigación. La lucha contra la corrupción no será efectiva si debilitamos o suprimimos unidades de trabajo. Lejos de desmantelar a la FECI debemos dotarle más capacidades y recursos”, dijo el vicepresidente.

Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, también comentó que “anular el acuerdo de creación de la FECI sería un retroceso para la justicia. A la luz están los grandes logros en materia de lucha contra la corrupción e impunidad”.