El nombramiento de un nuevo CNE, con dos miembros muy respetables y capaces de la oposición democrática, ha creado las condiciones para que algunos opositores internos y voceros de la comunidad internacional democrática mencionen que se trata de un primer paso, en un posible camino hacia la democratización negociada de Venezuela. Es evidente que el régimen está en una campaña para proyectar una imagen más “civilizada” en el escenario internacional. Está claro también el objetivo de dividir a la oposición frente a las elecciones regionales. Además del nuevo CNE, la casa por cárcel de los rehenes norteamericanos de CITGO y las imputaciones del “fiscal” Saab de los autores materiales en los sonados casos de Pernalete, Acosta Arévalo y Albán, forman parte de la campaña.

Hay que recordar que un CNE con tres chavistas y dos opositores es una reproducción del 3-2 de Carrasquero y Zamora en el 2004. La mayoría de tres hizo lo que quiso y la minoría renunció. Y en ese entonces la mayoría de la estructura técnica del CNE era todavía profesional.

Dejando de lado a los “opositores” vendidos y los colaboracionistas convencidos que quieren sobrevivir como políticos aceptando los “carguitos” que el régimen les quiera dar, hay opositores que, en buena fe, creen necesario intentar el camino gradual del aprovechamiento de los “espacios” que el régimen conceda. Esta estrategia gradual ya fue utilizada, con éxito, hasta las elecciones parlamentarias del 2015. Hasta ese entonces el régimen era un autoritarismo competitivo, el gobierno utilizaba todos los poderes del Estado para comprar votos e impedir, anular y hasta secuestrar votos de la oposición, sin embargo al final se contaban más o menos correctamente los sufragios. Cuando la oposición ganaba cargos regionales relevantes, el régimen les quitaba atribuciones y presupuesto y les nombraba “al lado” un “Protector”, pero la táctica de ocupar espacios permitía a los partidos de oposición mantener su organización, seguir fortaleciéndose y crecer. Pero cuando la oposición democrática ganó las dos terceras partes de la Asamblea Nacional (AN), el régimen desconoció totalmente la Constitución y asumió arbitrariamente todos los poderes, confiscando y usurpando todas las atribuciones y funciones de la AN. Además, en las últimas elecciones regionales le desconocieron burdamente la victoria a Andrés Velásquez en el estado Bolívar y le quitaron la gobernación del estado Zulia a Juan Pablo Guanipa, por no querer reconocer a la ilegítima Asamblea Constituyente.

Sin embargo, algunos analistas afirman que frente a una dictadura o autoritarismo hegemónico, no es realista exigir de una vez elecciones presidenciales y parlamentarias limpias y libres, sino que hay que resignarse a utilizar de nuevo la estrategia de los “espacios” y el fortalecimiento gradual, aprovechando que el régimen está siendo debilitado por la crisis socioeconómica, las sanciones, los crecientes efectos de la pandemia y el avance del proceso en la Corte Penal Internacional, con el nuevo fiscal británico.

No descarto que el desastre socioeconómico, la presión internacional y una necesaria renovada presión interna podrían llegar a convencer a suficientes miembros del régimen en función de una salida negociada. Pero un CNE 3-2 “modelo Carrasquero” ciertamente no es un paso suficiente. Ni siquiera se atreven a un 2-1-2. El control absoluto del TSJ y la AN, el secuestro de los partidos de oposición y la cárcel, exilio y asilo de sus dirigentes demuestran que, por ahora, el “nuevo” CNE es sólo parte de una campaña propagandística.