Con el anuncio de un plan inicial de Q100 mil 890 millones como techo de gasto se anuncia el anteproyecto de presupuesto, una etapa que sucesivos gobiernos han tratado de vender como una oportunidad de diálogo para el desarrollo, momento de encarrilar la planificación y una exhibición de transparencia, pero después termina manipulado en reducidos comités, guiado por intereses previamente comprometidos y gastado en agendas de permanente campaña subrepticia, cuando no en el enriquecimiento de allegados, financistas, exsocios, patrocinadores e incluso familiares.

La ciudadanía espera, ansía y merece un proyecto de presupuesto acorde a las necesidades nacionales, con visión prospectiva en cuanto a infraestructura, con atención a las obligaciones constitucionales y compromisos internacionales, pero sobre todo con las debidas previsiones de transparencia en la ejecución, no como un lastre, sino como una garantía de avance en la competitividad nacional. Los ejercicios denominados de “presupuesto abierto” para escuchar requerimientos de instituciones y proyectos deben pasar del ardid publicitario a la estructuración de gasto con objetivos medibles y monitoreo de avance en tiempo real.

La participación de institutos de análisis, universidades y académicos es necesaria para reducir el ruido político. Lamentablemente, este ha terminado imponiéndose año con año. Si bien el Congreso de la República es el encargado de aprobar el plan de ingresos y egresos del Estado, tal discusión debe respetar los dictámenes técnicos y consensuar las variantes de algunos rubros, sin caer en clientelismos, discrecionalidades o bolsones de recursos sin candado.

Pero hay que ser realistas. Estamos en una de las legislaturas más señaladas e ineficientes, con integrantes que son o han sido contratistas, que tienen nexos con oscuros operadores políticos o que pertenecen a organizaciones políticas vinculadas con el narcotráfico, lavado de activos y financiamientos desconocidos. Fue ese coro oficialista el que con nocturnidad, secretismo y aviesas enmiendas aprobó un deficitario presupuesto la madrugada del 18 de noviembre del año pasado.

Fue ese adefesio presupuestario el que originó la protesta ciudadana que fue brutalmente reprimida por la Policía Nacional Civil. Aun así, el descontento y evidentes ilegalidades obligaron a los diputados a anularlo. Supuestos manifestantes incendiaron dos oficinas del Congreso de la República, ante una extraña inacción de agentes, un hecho cuya investigación sigue perdida en los recovecos del Ministerio Público. Tal incidente llevó a la instalación de una valla de lámina que ha resultado una conveniente trinchera.

Se espera un diálogo de altura pero, hay que decirlo, la discusión legislativa no ha subido de nivel. Los pactos convenencieros mantienen varada la tarea de emitir leyes urgentes. Unos cuantos decretos de reactivación y algunos puntos resolutivos anodinos no son nada prometedores de cara a la labor de definir la estrategia de ejecución de recursos. Basta observar la dolosa parsimonia con la cual se soslaya, por 19 meses ya, el tema de la elección de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones. Si a ello se suma que el 2022 es año preelectoral, prácticamente se tiene anunciada la tormenta perfecta de ambiciones, pagos de favores y asignaciones clientelares que al final termina pagando usted, ciudadano tributante, de su bolsillo.