Resulta llamativo que en el reciente, polémico y relanzado decreto de estado de Calamidad —que el Congreso ha sido incapaz de discutir con seriedad—, el Gobierno insista en incluir amenazas en contra de los comunicadores y de la libertad de expresión, bajo el pretexto de “evitar las publicaciones que puedan causar confusión o pánico o agraven la situación”, cuando ha sido el propio Ejecutivo, a lo largo de la pandemia, uno de los principales causantes de confusiones, ambigüedades, cambios súbitos en medidas de restricción, atrasos en reportes de datos sobre casos y víctimas, así como constante incertidumbre sobre fases, horarios y lugares para la aplicación de vacunas, lo cual, a la vez, ocasiona el riesgo de aglomeraciones peligrosas.

El intento de imponer una mordaza discrecional y casuística a los medios de comunicación suena más a pretensión de acallar las críticas contra las deficiencias de del Gobierno en el combate del covid-19. Esa crisis se ha visto acrecentada en las últimas semanas por la escasez de insumos y mobiliario en los hospitales nacionales, la cual, de no haber trascendido a través de los medios, tampoco hubiera generado una respuesta estatal para la provisión de más camas y adquisición de fármacos, oxígeno y equipo indispensable.

Es muy relevante que la Asociación de Periodistas de Guatemala haya expresado sus aprensiones acerca de este intento de censura hacia los medios de comunicación independientes, al señalar que busca aplacar las críticas en contra del mandatario, “por su desastrosa gestión en el tema de la pandemia, los presuntos actos de corrupción que lo involucran y su posible manipulación del sistema de justicia”, según manifiesta la entidad en un comunicado.

Es, por otra parte, penoso que en el equipo de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia haya experiodistas que formaron parte de las redacciones de diversos medios, incluyendo este, y no tengan un ápice de iniciativa como para señalar la inconveniencia y la ilegalidad de tal intentona, sobre todo porque sus criterios de aplicación son confusos, oscuros e inconstitucionales. La línea de tal restricción apunta a la intolerancia con la cual intentó censurar a la prensa el exmandatario Jorge Serrano Elías, en 1993, cuando quiso arrogarse un poder absoluto que terminó expulsándolo vergonzosamente.

Los medios serios como Prensa Libre nos debemos a nuestros lectores y audiencias. Son nuestros mejores y mayores jueces cotidianos. No necesitamos conminatorias ni amenazas de gobernantes de turno para cumplir con lo que hacemos desde hace 70 años con responsabilidad, independencia, dignidad y honradez. Así también, el Ejecutivo debe dejar de insultar la inteligencia de la ciudadanía: los guatemaltecos buscan datos serios, noticias fundamentadas y comunicación detallada, algo para lo cual investigamos cada pieza, sobre todo las referentes a realidades de gran impacto como la pandemia.

Amenazar a los periodistas con “consecuencias legales” por motivos que no se tipifican ni se definen es una vergüenza legal que la Corte de Constitucionalidad está en la obligación de suspender, puesto que tales medidas de intolerancia solo se conciben en regímenes autocráticos como el de Ortega, en Nicaragua; el de Maduro, en Venezuela; o el de Díaz-Canel, en Cuba, por mencionar solo unos ejemplos.