De varias formas puede ser analizado el fracaso de Alejandro Giammattei para lograr la aprobación del estado de Calamidad. El apabullante resultado de la votación fue de 54 a favor y 103 en contra, a pesar de los intentos de negociar encabezados por el sin precedentes presidente del Congreso, Allan Rodríguez, quien tuvo la abierta y bulliciosa oposición de otro personaje sui generis e histriónico, el diputado Aldo Dávila, quien se logró convertir en el estandarte de una batalla donde participaron los opositores y varios aliados, entre los cuales sobresalió Álvaro Arzú. Fue un espectáculo circense y por ratos inverosímil; al final el resultado fue positivo.

Entre lo positivo sobresale haber eliminado la oculta intención de censura, implícita si el gobierno tenía la posibilidad de calificar lo publicado o comentado en la prensa como opuesto a los intereses del país, lo cual atropellaba la Constitución y la Ley de Emisión del Pensamiento. A mi juicio, aunque un eminente abogado amigo sostenga lo contrario, ese estado de Calamidad solo podía existir al ser aprobado, y por ello el Congreso no le permitió nacer. Pero esto es motivo de diálogo con vino. Nadie en el Gobierno parece entenderlo, aunque la tecnología permite convertir a los ciudadanos en testigos. Ayer, el diputado Dávila transmitió en vivo el aquelarre en el pleno.

La Corte de Constitucionalidad, creo, pudo haber resultado airosa por carambola. Ordenó repetir la elección, con el evidente fin de lograr un resultado positivo, pero esto no ocurrió. Sus integrantes pueden entonces auto calificarse de ganadores y protectores del sistema jurídico, cuando se recuperen de la sorpresa. La transmisión en vivo de la sesión puede convertirse en un recurso político disponible a todos los diputados, y esto abre la puerta a un camino desconocido. Lo ocurrido es una dura lección para un mandatario sin apoyo popular real, porque sus votos en la elección fueron en realidad anti-Sandra Torres. Entonces, minimizar la derrota es inútil y contraproducente.

Golpe a la credibilidad

Alejandro Giammattei amanece cada mañana con un problema nuevo, casi siempre derivado de sus errores, caprichos y mal genio. Pero a veces son torpedos contra su credibilidad, sus principales colaboradores y quienes encabezan entidades jurídicas, como el Congreso, el Organismo Judicial y otras autónomas, en teoría pero no en la realidad. A esto se une la cada vez más innegable y ascendente molestia ciudadana, tanto por sus decisiones como por su forma de realizarlas. Las críticas a la indebida decisión de cambiar al jefe de la Feci hizo pensar en haber llegado al tope. Nada podría ser peor, pero no fue así. Ese fondo tenía otro más profundo.

Ayer se conoció un artículo de The New York Times sobre la declaración a la Feci de un encargado de seguridad de los empresarios rusos interesados en tener un permiso de 30 años, ahora reducido a 20, de un área del puerto de Santo Tomás. Esta persona afirma haber visto la entrega de muchos fajos de dinero a Giammatei en su casa, envueltos en una alfombra. El diario señala la disyuntiva del presidente Biden: detener la corrupción o la migración, este último el tema de mayor importancia para EE. UU. por sus seguros efectos en la elección de medio período. Este factor le causa otro problema serio al mandatario guatemalteco, quien ya debe entender el remolino donde está nadando.
Los documentos fueron llevados por Juan Francisco Sandoval a Washington y ahora están siendo estudiados allí por el Departamento de Justicia. Por aparte, el envío mexicano de cientos de indocumentados guatemaltecos al remoto paraje de El Ceibo, lugar perdido en la selva petenera, carente de casi todo para atenderlos, constituye otro dolor de cabeza para Giammattei, imposibilitado de ayudar a causa de la urgencia de hacerlo. Todo esto se relaciona además con la derrota política en el Congreso, demostradora del inicial resquebrajamiento del apoyo de los grupos económicos beneficiados con el estado de Calamidad. Todo ha ocurrido en muy pocos días.