El Gobierno de Guatemala está facultado para autorizar permisos para proyectos de inversión, desarrollos de infraestructura y exploración de cara a obtener recursos económicos que puedan contribuir al bienestar de la población. Pero para dar aval a cualquier solicitud que involucre territorios, instalaciones o recursos naturales potencialmente exportables son imperativos los procesos transparentes y públicos desde la solicitud misma, para evitar conflictos de interés y malentendidos costosos, a fin de conseguir el máximo rédito para el país, sobre todo en casos donde puede haber más de una compañía interesada. En todo concurso público deben plantearse ofertas, ventajas, desventajas y condiciones.

En el caso de los puertos nacionales, ya de por sí existen zonas en las cuales hay serias sospechas sobre su operación, ya sea porque no cuentan con sistemas de cámaras, por el funcionamiento intermitente de los sistemas de revisión no intrusiva o por haber períodos “ciegos” durante los cuales existe el riesgo de que pase, literalmente, cualquier cosa.

Desde hace meses se encuentra varada en el Congreso la ley que implementa una Autoridad Nacional Portuaria, figura a la cual se oponen sindicatos que consideran que les restaría autonomía pero que en realidad aportaría un mejor control de los procesos, los costos, ganancias y necesidades operacionales de estas instalaciones. Los diputados tienen dentro de sus pendientes la agilización de la normativa. A su vez, los puertos, sin perder su autonomía, deben trazar planes de desarrollo a mediano y largo plazo para poder responder a las necesidades del crecimiento de la actividad económica en el país. Hasta ahora la miopía e intereses sectarios han privado en ellos.

La compañía Atlantic Bulk ha publicado campos pagados para exponer sus perspectivas, planes e intenciones. Así también ha explicado la finalidad de construir un muelle adicional que permita agilizar los procesos de exportación. De haberse hecho esta campaña de comunicación con mayor tiempo de anticipación, posiblemente se habrían ahorrado muchos malentendidos. En Guatemala, las suspicacias afloran rápidamente ¿La causa? Precedentes lamentables, como el caso por el cual están procesados el expresidente Otto Pérez Molina, la exvicepresidenta Roxana Baldetti y otros funcionarios, por una trama de sobornos vinculada con la concesión de un terreno aledaño a la portuaria Quetzal, el cual también promocionaba la inversión en el país, pero detrás de aquellos argumentos había pagos ilícitos que fueron rastreados.

Invocar la inversión como pretexto para validar arreglos casi subrepticios o agilizaciones oficiosas no es ético ni conveniente para generar la confianza que atraiga más capitales serios, que por lo regular están sujetos a normas de conducta. Es por ello extraño, por no decir sospechoso, que el gerente de Empornac, Érick de León, haya enviado una propuesta a los inversionistas ruso-suizos para viabilizar la concesión de marras sin contar con la discusión y aprobación de la Junta Directiva de esa entidad. Tal ofrecimiento podría entrañar responsabilidades legales al comprometer los intereses del país, puesto que dicha terminal serviría para agilizar las exportaciones de níquel y otros minerales que son enviados como cargamentos de tierra para ser procesados fuera del país. Una inversión puede ser interesante, puede ofrecer generación de recursos y empleos, pero si no ha seguido una ruta clara, pública, documentalmente rastreable y trasparente, corre el riesgo de ser la alfombra roja hacia una potencial lesividad.