Las autoridades de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), antes Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), dieron a conocer los avances del proyecto de reconstrucción y rehabilitación de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal (AEPQ).

En sus diferentes etapas, el contrato sigue los lineamientos planteados y, desde el punto de vista del Ejecutivo es una obra de interés, ya que es el primer proyecto que en la modalidad de alianzas público-privadas aprobado por el Congreso de la República.

Por lo tanto, existe un cuerpo normativo que establece los cumplimientos e incumplimientos del concesionario, que es la empresa Consorcio de Autopistas de Guatemala (Convía), así como del Estado.

El proyecto es financiado 100% por inversión privada, con seguimiento constante por parte de la entidad contratante que es el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y la ANI como ente fiscalizador. Recientemente se realizó una visita de alto nivel para conocer los avances de construcción de obras, como puentes, colectores y colocación de pavimento.

Obras en autopista superan el 20%

Kevyn Valencia, director ejecutivo en funciones de la ANI, aclaró que el proyecto tiene dos fases: la de inversión y la de otras obras que deberán comenzar después de la etapa de construcción de la AEPQ.

Explicó a Prensa Libre que la etapa de construcción, que dura 24 meses, termina el próximo 12 de julio del 2026. Ahí, dijo, se encontrarán obras programadas por construir, que consisten en los 41.2 kilómetros de rehabilitación de los pavimentos de ambos carriles, 360 obras de drenaje, las plazas de cobro de peaje, así como dos puentes por reconstruir y por lo menos 17 pasos de ganado sobre la autopista.

Recalcó que las construcciones deben realizarse bajo la normativa AASHTO (Asociación Estadounidense de Funcionarios de Carreteras Estatales y Transporte), que es un conjunto de estándares técnicos, guías y especificaciones utilizados internacionalmente para el diseño, construcción y mantenimiento de carreteras, así como bajo la normativa de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca).

Por otro lado, se culminó la construcción de un “colector de grandes dimensiones” de más de 500 metros, que es considerado una de las mayores infraestructuras del proyecto de la AEPQ.

“De esa cuenta es que llevamos un porcentaje más allá del 20% del proyecto del 60% de la primera fase, pero considero que el mayor porcentaje del proyecto es la atención a las troncales, es decir, el asfalto y la colocación de estos sistemas planificados con vía que se pretende que se hagan de una forma rápida, ahora que ya estamos en la etapa de verano para poder cumplir con los plazos establecidos dentro del contrato”, remarcó Valencia.

ANI y CIV revisarán cumplimiento del contrato de autopista

Confirmó que la fecha de entrega de la primera fase está prevista para el 12 de julio, por lo que, a partir de ese momento, hay un procedimiento establecido en el contrato que contempla la supervisión e inspección del proyecto, que corresponderá a una división para la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y otra para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). Por lo tanto, se deberá comenzar con los procesos correspondientes ante el Directorio Ad-hoc y establecer los cumplimientos contractuales.

Ejemplificó que, si eventualmente existiera un incumplimiento por parte de Consorcio de Autopistas de Guatemala (Convía), en esa etapa se documentará y se determinará si se trató de una responsabilidad del Estado o bien de una responsabilidad directa del participante privado.

Esa fase se llevará a cabo después de julio, cuando concluyan los 24 meses de construcción.

Analiza atrasos en obras de autopista

En el cotejo de revisión del contrato —previsto para julio próximo—, el director de la ANI comentó que se realizará una revisión del programa de construcción y de los avances que, en general, se registraron durante el último trimestre del año pasado.

Por otro lado, se refirió a la verificación contractual de obras versus lo establecido en el contrato, lo cual actualmente se encuentra en proceso de defensa, donde se explican los motivos por los cuales se produjeron los atrasos.

En ese balance objetivo de análisis, remarcó el director, se considera si esos atrasos pudieron provenir del participante privado o del sector público.

Proyecto de APP podrá recalibrarse ante atrasos

En el esquema de proyectos de alianza público-privada (APP), al acercarse la fecha de julio y ante la no operatividad del proyecto, también existen procedimientos que deberán ser conocidos por el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie), que preside el ministro de Finanzas.

Valencia indicó que, como en cualquier proyecto de alianza público-privada, pueden presentarse problemas durante la ejecución, por lo que se tiene la posibilidad de que el proyecto pueda “recalibrarse”.

En esta fase de recalibración, dijo, se deberá establecer cuál es la responsabilidad de los firmantes, si corresponde al participante privado o al Estado de Guatemala. A partir de ello, se buscarán alternativas para solucionar los posibles atrasos, según la responsabilidad que se determine.

En esta etapa existen mecanismos de resolución de conflictos y también mecanismos de arbitraje que pueden utilizarse. Por tratarse de una APP, el modelo no permite judicializar el proyecto, sino recurrir a un arbitraje entre las partes.

Aclaró que la norma vigente en el modelo de alianza público-privada es el arbitraje, ya que, desde la óptica técnica, jurídica y financiera, se entiende que en el proyecto se establece la responsabilidad y, sobre todo, la forma en que debe atenderse la solución, que es la infraestructura, la atención al usuario y la prestación del servicio de carretera.

APP permite entregar obras sin suspender proyecto

Sobre la determinación de posibles incumplimientos, se informó que dependerá de conocer las condiciones que en su momento pudieron constituir las causales, ya sea por causas de fuerza mayor o casos fortuitos.

El contrato establece condiciones para tratamientos diferentes, por lo que no se puede hablar de una temporalidad o de ampliar plazos. La alianza público-privada (APP) permite la entrega de obras parciales y también la entrega de avances del proyecto, pero no que estas sean suspendidas por un proceso de judicialización o por abandono del participante privado.

En este caso, la obra deberá entregarse con los hitos (condiciones) que se requieren en el contrato. Si se cumplen, se recepcionará la obra y comenzará la fase de prueba. Las obras que no se entreguen deberán analizarse para determinar las causales y establecer un procedimiento de recalibración para continuarlas y concluirlas, con el fin de empalmar con la siguiente fase, que corresponde a la etapa final del proyecto.

Proyecto avanza con 50 frentes de trabajo

Al consultar a Sandro Testelli, presidente de Marhnos Guatemala (empresa integrante de Convía), explicó el proceso técnico que se está llevando a cabo, así como la coordinación interinstitucional que acompaña el proyecto.

¿Cuál es el estatus del proyecto?

La ejecución del proyecto, en el tema de la construcción, ha sido un proceso muy retador por lo que representa la primera APP. Es un proyecto que ya se encuentra en fase de ejecución en varios esquemas: cerca de 50 frentes de trabajo y ahora tenemos más de 800 trabajadores integrados en el proceso de construcción.

Hay más de 120 equipos de maquinaria pesada en los distintos frentes; estamos utilizando cerca de 70 camiones de volteo para movimientos de materiales todos los días.

Esta etapa prevista avanza en la actividad y siempre tratando de vigilar que todos estos procesos de reconstrucción estén también en vigilancia en términos de seguridad y utilización del activo.

En términos de que tenemos un tránsito diario, debemos estar muy atentos a los propios usuarios, a la seguridad con la intervención en la autopista.

En términos generales, ¿cómo está el proceso de construcción?

Hay avances muy importantes, sobre todo en los procesos en donde no hay interferencias, no se nos ha permitido el libre proceso dentro de nuestro programa.

Hemos trabajado activamente sobre todo en las zonas hidráulicas, que son muy representativas para el proyecto y que son muy importantes, sobre todo, en las áreas específicas en el área conocida como El Limoncillo, y que se realizará una verificación próximamente.

Independientemente de esto, están todas las intervenciones en las transversales; hay obras transversales muy importantes dentro de todo lo que es el trayecto, así como los pasos de ganado, que son más de 19 pasos, los cuales también se van a limitar precisamente para poder procesar las siguientes etapas, que son los rellenos, así como la estabilización.

¿Qué expectativa hay sobre estos avances?

Que básicamente, en el proceso en donde estamos, sin duda vamos a ir terminando conforme el proyecto, pero vamos a ir liberando algunos procesos en coordinación con el Ministerio de Comunicaciones, con el de Energía y Minas y, sobre todo, con la ANI.

¿Por qué razón?

Sí. Es un trabajo —y lo menciono— porque es un trabajo interinstitucional e interministerial.

Como se sabe, los procesos importantes, al tener los postes, que siempre ha sido una referencia importante en la que hemos trabajado a través de la permisología, que se fincó a través de la Dirección General de Caminos, con la titularidad del CIV, para tener un proceso ordenado en lo que representa la movilidad de los postes que tienen interferencia dentro del derecho de vía, que es un punto muy relevante.

El segundo es el proceso en el circuito portuario, dominado por la intervención por parte del Gobierno de Estados Unidos, a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, con el nuevo diseño y del proceso que se está realizando en el puerto.

Estamos en coordinación junto con el Cuerpo de Ingenieros y todo lo que es con las autoridades portuarias para tener estas definiciones de los diseños que corresponden a estos nuevos alcances y que se sume a la autopista para que toda esta intervención, la conectividad.

Ya no es nada más un proyecto portuario, un proyecto carretero, sino que estamos hablando de una conectividad logística y eso es lo que estamos trabajando para ser asertivos en ese diseño que se tenía en 2018 y con las actualizaciones de los últimos años para hacer las adecuaciones que correspondan para que tengan la conectividad eficiente tanto en el proyecto portuario —ampliación— como el proyecto carretero.

También hay algunos procesos de accesos que estamos validando con el CIV, que entendemos que históricamente se otorgaba una permisión logística para estos accesos para que estén controladas y que haga el sentido con el diseño que estamos planteando en la definición del proyecto.

Entonces, son tres aspectos que están trabajando en esta coordinación interinstitucional…

Exactamente. La regularización de accesos con todo lo que corresponde a tener específicamente todo el derecho de vía dentro del diseño, dentro del proceso del programa que se está ejecutando con el CIV.

¿Qué va a ocurrir en julio próximo?

Mi lectura es que va a ser un proyecto que entrará en una coordinación de fases y precisamente esta coordinación la permite el contrato; permite entrar en este proceso de fases que son derivados de estos temas.

A partir de julio entrará la primera fase en operación; en la que no, precisamente, la premisa de construcción se entrará en operación en esta primera fase y conforme vayamos tendríamos previamente esta visibilidad de los procesos que están dentro del ámbito público en ser precisamente clara como una coordinación para las entregas de las infraestructuras adicionales que van complementando el 100% del proyecto.

¿Qué resultados se obtuvieron de una visita reciente de alto nivel?

Estuvo integrada por los participantes del proyecto: la ANI, Conadie y el respaldo institucional que es importante de otros ministerios.

Estuvo todo el grupo de bancos que representan y acompañan el proceso para la línea de crédito.