Esta semana el Congreso fue el centro de la atención pública debido a dos temas que parecerían completamente desconectados uno del otro, pero que algunos vinculan como parte de una teoría “conspirativa”: la elección de la nueva Junta Directiva para 2022 y el ataque e incendio de las instalaciones del Congreso por parte de un grupo de exmilitares. Indistintamente de las visiones conspirativas, ambos hechos son importantes para el futuro del país en el corto y mediano plazo.

La elección de esta Junta Directiva se dio cuando muchos consideraban que la bancada oficial no tendría la capacidad de lograr aglutinar los votos necesarios para elegir a la Junta Directiva del año entrante. Aún así, lograron conseguir el apoyo de más del 60 por ciento de los diputados (más de 100). Lo que no sabemos todavía es cuánto nos van a costar a los tributarios algunos de esos votos, sea por supuestos pagos “bajo la mesa” o por la “distribución” de trabajos para las constructoras de los diputados o sus “amigos”.

Para quienes creen que ya se libraron de Allan Rodríguez en la presidencia del Congreso, hay que saber que la nueva presidenta, Shirley Rivera, es muy cercana a Rodríguez, por lo que lo más probable es que simplemente haya sido una jugada para “limpiarle la cara” -figurada y literalmente- a la bancada oficialista, pero que, en la práctica, siga siendo Rodríguez quien lleve las riendas del Congreso usando a Rivera como interpósita persona.

El que hayan podido juntar más votos de los necesarios, implica que probablemente utilizarán esa fuerza para aprobar lo que mande el presidente, empezando por el abultado presupuesto y quien quita que algún otro Estado de Calamidad que pueda decretar en el futuro.

No hay que pasar por alto que el viernes pasado, el grupo de diputados de la UNE afines a Sandra Torres tomó el control de la jefatura de bloque, con el apoyo de 32 de los 52 diputados de ese partido, luego de que el Tribunal Supremo Electoral restaurara a Sandra Torres en la Secretaría General del partido. Esta jugada fue crucial para lograr la elección de la planilla oficialista.

Al otro día fue el ataque al Congreso. El Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil una vez más fueron los grandes ausentes en una serie de hechos que más que vandálicos, pueden ser calificados de terroristas, liderados por exmilitares que buscan que se apruebe la iniciativa de ley que Felipe Alejos presentó, y que Alejandro Giammattei en campaña les prometió que se aprobaría.

La situación fue tan rara, que quedan muchas dudas sobre si la inacción de la PNC fue intencional. ¿Será que el oficialismo y sus aliados estarían buscando la excusa para verse “compelidos” a negociar con los lideres de las manifestaciones y llegar a un acuerdo sobre el monto de ese injustificado resarcimiento que están solicitando? O a lo mejor solo querían que la gente se olvidara de la elección…

Desde hace días los exmilitares habían indicado que harían esa manifestación, y en distintas ocasiones han amenazado con realizar acciones violentas. Era obvio que podían atacar las instalaciones del Congreso, por lo que es muy sospechoso que las autoridades desplegaran solo un pequeño contingente de poco más de doscientos policías, cuando en otras ocasiones, sin amenazas previas tan fuertes, han desplegado 10 veces más agentes. Las autoridades deben explicar las irregularidades que se dieron durante los sucesos de este martes. ¿O será que no es más que una estrategia para quitar de por medio a algunos líderes que no se hayan alineado con el gobierno, y dejar el terreno libre para aquellos de confianza del presidente y su equipo?

Pero si no hay conspiración, ¿estamos ante un nuevo conflicto armado en ciernes?