El Tribunal Supremo Electoral comenzó el proceso para cancelar a Prosperidad Ciudadana y a la Unidad Nacional de la Esperanza. El interés recae en este último porque implica la desintegración de un partido alguna vez oficialista, y el fin de la ambiciosa carrera política de Sandra Torres, su dictatorial jefa desde hace muchos años. Ambas agrupaciones tienen 30 días para defenderse, pero en el caso uneísta el asunto es serio porque no podrá convocar a elecciones de su comité ejecutivo, debido a la renuncia de siete de los 15 miembros. A causa del proceso para investigar el financiamiento ilícito en el 2015, el año pasado fue a parar a la cárcel. La actual división interna y los insultos mutuos tienen como parte oculta el control de Q17 millones.

No se puede comprender por qué, si el Tribunal Electoral es supremo, o sea “que no tiene superior en su línea”, sus resoluciones pueden ser amparadas por la Corte Suprema y la de Constitucionalidad. Ahora vendrá una pelea electoral con puñaladas en el pecho o por la espalda, y saldrán a relucir entretelones de ninguna manera causantes de sorpresa. Todo eso no ocurriría si el TSE en realidad fuera Supremo. En Guatemala hay una “amparitis” contagiosa al aplicar maliciosamente el principio de que “todo es objeto de amparo”, figura desprestigiada por eso. Los Q17 millones mencionados se le deben pagar al partido por el derecho de recibir US$2 por voto. Las ambiciones y codazos internos fueron de la profundidad suficiente para poner al partido en capilla ardiente.

En pocas palabras, la disputa a puñaladas se inició cuando surgió una división de los diputados Mario Taracena, Jairo Flores, Orlando Blanco, Oscar Argueta y su compañera Karina Paz, quien es empleada del Congreso pero obtuvo autorización de este para participar. La semana pasada, Torres fue al TSE para iniciar los trámites, pero ello implica haber pagado la multa por financiamiento ilícito y se debe conocer si se hizo en efectivo, con cheque del partido o cheque de caja, todo imposible por esa acusación. No se debe olvidar: su participación cuando por segunda vez perdió por antivoto fue posible porque la resolución del Ministerio Público en su contra llegó un día tarde, fue inútil y demostró la influencia de Torres en esa tan desprestigiada entidad.

El hecho es claro: el proceso de cancelación acabará con la UNE, como comprende Taracena, y el fin de la carrera política de Torres, hecho muy positivo para el país. Si funda un nuevo partido “sandracéntrico” tendrá un peor fracaso. Sus excolaboradores cercanos ya están buscando su futuro político. Los demás partidos confían en la participación de Torres, según ellos para motivar ese voto en contra. En los anticuerpos propios de Torres destacan su carácter intolerante y procaz. Podría negociar su disminuyente caudal de votos, pero fracasará porque querría una exagerada cuota de poder y aportaría pocos dirigentes experimentados y con horas de vuelo en los tormentosos aires políticos. Es fácil predecir que no será una política pobre, por razones obvias, sino una pobre política.

El TSE informó del caso UNE y el de Prosperidad Ciudadana, este último un claro ejemplo de agrupaciones liderocéntricas, sin planes ni base ideológica. Es un paso en la reducción del número de partidos causantes de convertir a la papeleta electoral en un cartón de lotería de feria. Los pseudopartidos existentes deben cazar antivotos e indecisos, y muchos de ellos competirán porque su razón de ser es dividir el voto para tener opciones con alguna posibilidad. En el confuso panorama político llama la atención la fecha escogida para anunciar el inicio de esas cancelaciones, porque el interés público está centrado en Navidad. Lo ocurrido la semana pasada provoca de hecho el inicio de la lucha por la Guayaba, un factor de indudable pérdida de tiempo para el país.