Guatemala debe reformar 20 leyes para cumplir acuerdo comercial con EE. UU., advierte el sector empresarial
El sector privado advierte de que Guatemala tiene pendientes reformas a varias leyes y la elaboración de nuevas normativas para avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos.
Representantes del sector privado advirtieron que Guatemala tiene pendientes reformas a 20 leyes vigentes, la elaboración de cinco nuevas normativas y la aprobación de cinco tratados internacionales para avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos, firmado el 30 de enero de 2026.
La advertencia fue presentada este miércoles 28 de octubre durante una audiencia con la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso, presidida por el diputado Jorge Ayala, a solicitud de la Comisión Empresarial de Negociaciones Comerciales Internacionales (Cencit), instancia integrada por Agexport, Asazgua, la Cámara del Agro, la Cámara de Comercio, la Cámara de Finanzas de Guatemala y la Cámara de Industria.
Durante la reunión, los representantes empresariales explicaron que las modificaciones legislativas forman parte de los compromisos adquiridos por Guatemala para implementar el acuerdo comercial y preservar las condiciones preferenciales de acceso al mercado estadounidense.
Entre las normativas que podrían requerir modificaciones mencionaron el Código de Salud, la Ley de Propiedad Industrial y la Ley de Simplificación de Trámites. También identificaron la necesidad de impulsar una ley de protección de datos personales y avanzar en la aprobación del Protocolo de Madrid.
Según el análisis presentado por Cencit, el país debe atender más de 70 acciones relacionadas con el acuerdo. Los representantes indicaron que el Ministerio de Economía ha identificado más de 77 compromisos, mientras que el análisis empresarial contempla aproximadamente 72.
Ante este escenario, solicitaron establecer una mesa técnica con diputados y asesores de la referida comisión para preparar las iniciativas legislativas.
Uno de los principales puntos de preocupación es que, aunque aproximadamente el 75% de las exportaciones guatemaltecas hacia Estados Unidos cuenta actualmente con arancel cero, ese beneficio no depende exclusivamente del acuerdo bilateral.
Los representantes de la Cámara del Agro explicaron que buena parte de las exenciones proviene de decisiones adoptadas por el Gobierno estadounidense mediante listas de productos que pueden ser modificadas.
Por ello, advirtieron que estas condiciones ofrecen menor estabilidad que las preferencias establecidas mediante instrumentos comerciales bilaterales.
Productos guatemaltecos continúan pagando un arancel del 10%
Durante la audiencia, Agexport señaló que productos como vegetales, frutas no tradicionales, algunas manufacturas y bienes de los sectores agrícola y pesquero continúan sujetos a un arancel del 10% para ingresar a Estados Unidos.
De acuerdo con los representantes empresariales, los sectores comprendidos en esta categoría representan alrededor de US$1 mil 500 millones en exportaciones hacia ese mercado.
También indicaron que las exportaciones de vegetales registran una caída del 23%, mientras que el sector agrícola y pesquero presenta una disminución del 7%.
Sin embargo, aclararon que estos resultados no pueden atribuirse únicamente a los aranceles, debido a que también existen problemas de infraestructura, logística y competitividad.
Otra de las preocupaciones planteadas es la competencia con productos procedentes de México que, según los empresarios, ingresan al mercado estadounidense en condiciones arancelarias más favorables.
La situación afecta especialmente a pequeños productores agrícolas vinculados con las cadenas de exportación, indicaron.
Durante la audiencia se informó que el sector de hortalizas y vegetales representa entre US$250 millones y US$300 millones en exportaciones y que alrededor de 30 mil pequeños productores participan en estas actividades. Entre los departamentos mencionados figuran Chimaltenango, Quiché, Quetzaltenango y San Marcos.
Agexport también expuso que el sector de frutas genera aproximadamente ocho millones de jornales temporales al año y 29 mil empleos permanentes, con unas 25 mil familias vinculadas a la actividad.
En el caso de los vegetales, estimó que alrededor de 70 mil familias podrían verse afectadas por las dificultades que enfrenta el sector.
Los representantes explicaron que sustituir el mercado estadounidense no constituye una alternativa inmediata. Indicaron que Canadá presenta dificultades por la falta de rutas marítimas directas, mientras que los tiempos de transporte hacia Europa, de entre 15 y 18 días, limitan las posibilidades de exportar determinados productos perecederos.
Advierten riesgos por compromisos pendientes
Otro de los puntos abordados fue la implementación del uso de etanol en combustibles, cuyo plazo inicial de cumplimiento, según los representantes empresariales, estaba previsto para el 30 de noviembre.
Durante la reunión señalaron que la implementación continúa siendo parcial y manifestaron preocupación por versiones sobre una posible ampliación del plazo hasta octubre de 2027.
Advirtieron que un retraso podría interpretarse como una señal de incumplimiento de los compromisos adquiridos por Guatemala, aunque no confirmaron que se haya aprobado oficialmente una prórroga.
También señalaron que para el 16 de noviembre está prevista la publicación de una lista de entidades estadounidenses que Guatemala deberá reconocer en el marco de las medidas para impedir las importaciones de mercancías producidas mediante trabajo forzoso.
Según explicaron, este compromiso requiere coordinación entre los ministerios de Economía y Trabajo, así como la participación de la Superintendencia de Administración Tributaria en su implementación aduanera.
En materia sanitaria y comercial, mencionaron que aún está pendiente la implementación de una matriz de análisis de riesgo que permita reducir las inspecciones consideradas innecesarias en las importaciones de productos congelados.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía, Jorge Ayala, solicitó información sobre el impacto económico de los aranceles, la pérdida de competitividad y las consecuencias para los pequeños productores y las fuentes de empleo.
Durante la audiencia también se abordó la necesidad de impulsar políticas de innovación agrícola, sistemas de riego y mecanismos que permitan mejorar la productividad del sector exportador.
Los representantes empresariales insistieron en que el cumplimiento de los compromisos comerciales debe abordarse como una agenda de país y plantearon trabajar conjuntamente con el Congreso para elaborar las reformas necesarias.
Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.