En La Hora hemos comentado desde hace tiempo la inútil función de la Contraloría de Cuentas que, supuestamente, debiera ser el ente auditor para evitar el mal uso del dinero público que proviene del pago de los impuestos que hacen los ciudadanos. Ha habido unos pincelazos que hemos visto en esta gestión que nos han hecho entender lo mucho que puede aportar la Contraloría de Cuentas si la sacamos del juego político en el que la metieron los políticos, los contratistas bajo la tierna mirada de la sociedad.

Tal y como se administran los fondos públicos, la Contraloría no debiera tener ni un minuto de receso o descanso porque aquí poco se hace sin el pago de mordidas y el enriquecimiento ilícito que beneficia a funcionarios y a contratistas del Estado abriendo, además, el espacio para el lavado de dinero, mecanismo que los beneficia a ellos, pero también a los narcotraficantes.

La semana pasada reportamos que Geovanni Castellanos se perfilaba para ser el nuevo Contralor. Es el actual Subcontralor de Gasto Público y la figura más cercana a Frank Bode, actual Contralor. El acuerdo se cayó y hasta la Embajada de los Estados Unidos se pronunció.

Lejos de buscar una tercera opción, como siempre dijimos que era lo más sano en el Congreso en la elección ante la Corte de Constitucionalidad, el oficialismo operó fuerte. Hoy informamos que el oficialismo parece haber reunido los votos para elegir a un Contralor afín a ellos. Se trata de Elfego Odair Castañón González -actual subcontralor administrativo y hermano de un diputado del oficialismo- y su designación sería precedente a la aprobación del infladísimo presupuesto que para el año 2027 aprobará el Congreso luego de intensos acuerdos con el Ejecutivo.

Cualquiera podría suponer que si el oficialismo alcanzó el poder por un mandato popular para erradicar la corrupción y acabar con los sucios pactos que marcan las acciones de gobierno, esta elección sería precisamente para lograr ese objetivo, pero tal y como están las cosas en la actualidad, la elección de Castañón parece más en la línea y la necesidad que tiene el Gobierno de encubrir los escandalosos manejos que están haciendo en el Ministerio de Comunicaciones. Denuncias que irritan al presidente Arévalo y en los que sus más cercanos colaboradores tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, tienen mucho que ver.

Es muy importante entender cómo logró el Ejecutivo apoyo de los diputados para enfilarse a aprobar el más alto presupuesto en la historia del país y cómo podrá, además, contar con una mayoría para elegir como Contralor a un candidato que se identifica con el oficialismo. Si en buena parte del Estado es cierto aquello de que no hay obra sin sobra, también es algo comprobado que en el Congreso de la República se negocia -entre otras cosas- mediante los recursos que se asignan a los famosos Consejos de Desarrollo que han sido muy eficientes para lograr un intenso e increíble desarrollo de la capacidad financiera de los “representantes del pueblo”. No digamos el presupuesto del CIV que será una enorme caja chica para el 2027, más de lo que ha sido para el 2026.

El caso de los puentes que fue señalado por La Hora como altamente sospechoso por el sobreprecio acordado para cada uno de ellos, hizo que Arévalo dijera que esperaría un informe de la Contraloría al respecto, mismo que se elaboró objetivamente por técnicos, pero cuyos hallazgos preliminares pusieron a Arévalo a hacer un Giammattei y a operar para que el negocio subsista porque eso le conviene a Ana Glenda Tager y a José Carlos Sanabria.

Lo cierto y real es que el sistema sigue funcionando con la misma precisión que mostró en tiempos de Morales y Giammattei. La elección del Contralor es parte de ese sistema, porque es vital mantener a esa institución tan opaca como ha sido a lo largo de su historia.