Resulta indignante encontrarse ante verdaderas incoherencias entre el deber ser de las autoridades públicas y los abusos, discrecionalidades o indolencia respecto de la institucionalidad que supuestamente representan. El incumplimiento de tales obligaciones —para las cuales incluso levantaron la mano y juraron en nombre de Dios y de la patria— causa molestia, desasosiego, preocupación, pero, sobre todo, un reclamo unísono y unívoco para exigir castigos ejemplares y proporcionales a la jerarquía de toda persona que resulte responsable de apañar ilícitos.

Los hallazgos de teléfonos, chips, terminales de internet, aparatos de entretenimiento, armas, drogas y listas extorsivas en centros carcelarios son, por desgracia, frecuentes. Se efectúan decenas, cientos de requisas al año en las prisiones y siempre se vuelven a encontrar objetos prohibidos. Tal reincidencia solo responde a dos factores que se convierten en un círculo vicioso absurdo y criminal: uno es la corrupción mediante sobornos a guardias, pero también a directivos y posiblemente a niveles más altos; el segundo, que se conjuga directamente, es la impunidad constante, que tácitamente acicatea el trasiego de lo que sea, siempre y cuando haya un precio.

La captura, ayer, de varios policías penitenciarios, presuntamente involucrados en la fuga de un reo y cómplices también de numerosas fiestas en el centro de detención instalado en la base militar Mariscal Zavala, exhibe la vulnerabilidad del sistema. Pero la situación no es nueva. Ya en 2020 se detectaron comodidades ilícitas de varios detenidos, entre ellos exfuncionarios y extraditables enviados a ese centro porque supuestamente se arriesgaba su vida si eran recluidos en otras cárceles preventivas.

En 2020 y 2021 se anunciaron pesquisas, sanciones y correctivos para este tráfico de privilegios. Las mismas capturas de ayer aparentan ir en esa vía, pero lo que devela hoy la investigación especial de Prensa Libre y Guatevisión, sobre las construcciones, comodidades y deferencias de que gozan varios presos, desnuda la continuidad de las discrecionalidades. Si no fuera tan patético sería risible el papel de las autoridades, que se esconden de la prensa independiente al pedirles una explicación.

El Ministerio de la Defensa, en cuyos terrenos funciona dicha prisión, le endosa la responsabilidad del manejo al Sistema Penitenciario y, por ende, a Gobernación, y a su vez estos emprenden tácticas dilatorias. Realmente solo hacen el ridículo porque no asumen su responsabilidad en el problema.
Forman parte de una misma administración, pero actúan como si no fuera así. Sin embargo, siguen las extorsiones, los trasiegos, los abusos y también la construcción de viviendas al estilo de lo que ocurría en Pavón hace 17 años, cuando el actual mandatario era director de Presidios.

En estos entornos deberían imperar la restricción, incomunicación y seguridad absoluta, pero mandan la capacidad de pago o de intimidación, o ambas. Las prisiones civiles en los cuarteles Matamoros y Mariscal Zavala se crearon en 2010 como una solución provisional para encerrar a detenidos de alta exposición política y resguardar su integridad. El parche lleva ya más de una década y se ha convertido en evidente monumento a la corrupción. Es necesaria una solución permanente, pero esta a la vez abarca al resto de cárceles, a la Ley Penitenciaria y al manejo de la prisión preventiva. Lamentablemente los incentivos perversos son voluminosos, los fondos dudosos son ilimitados y las prisiones, un vergonzoso secreto que es necesario divulgar para ver si reacciona el Estado.