Tristemente ocurrió lo que más se temía dentro de la grotesca, retrógrada y abyecta pantomima legalista que impera por obra y desgracia del tirano de turno y su pareja en Nicaragua. Ellos parecen no saberlo aún, pero caerán por el mismo peso de sus abusos, porque la historia no se equivoca al trazar un desenlace proporcional a la medida de las prácticas despóticas, corruptas y alejadas de cualquier justificación religiosa, ética, moral o política. Todo dictador teme el momento de la caída y por eso utilizan estas artimañas, con la complicidad de funcionarios mediocres, jueces serviles y esbirros vendidos por unas cuantas monedas. No lo saben todavía, pero caerán mucho antes de lo que creen.

Es precisamente el miedo lo que llevó al oprobioso régimen nicaragüense a secuestrar, que no detener, a precandidatos presidenciales a mediados de 2021, para poder tener unas elecciones presidenciales amañadas al extremo, sin contendientes ni debate ni críticas ni rendición de cuentas. Se urdieron acusaciones leguleyas de supuesta traición y sedición para disimular el pavor que le da al sátrapa Daniel Ortega tener que rendir cuentas del erario nicaragüense que ha detentado por tres lustros y responder por todas las vidas segadas, primero de forma velada y después de manera descarada mediante escuadrones pretorianos.

El jueves se concretó otra prueba de la cobardía orteguiana frente a las ideas, la razón y la ética: fueron sentenciados a penas de prisión siete políticos opositores, entre ellos tres presidenciables, que ganan más protagonismo y exposición tras las rejas, pues los supuestos juicios solo fueron cadenas de vicios y aplicaciones casuísticas de normas retorcidas.

La camarilla de Ortega, en el poder desde 2007, los denunció ante una fiscalía plegada y rastrera, con base en la llamada —lo pondremos con minúsculas y entre comillas— “ley de defensa de la soberanía”, aprobada en 2020 por un Congreso controlado por allegados del oficialista Frente Sandinista, el cual fue electo en comicios que no contaron con participación opositora, debido a la represión y la utilización perversa de la ley para procesar a adversarios, críticos y personajes incómodos.

Aún así, la oposición y la comunidad internacional reclaman su inocencia, exigen su excarcelación y auguran nuevas sanciones contra el régimen. Igual que otras autarquías previas, el círculo de Ortega se siente ufano de su impunidad. Confían en la complicidad de inversionistas inescrupulosos y regímenes autoritarios, que mantienen capitales y empresas en ese territorio bajo una promesa de estabilidad que a la larga sale carísima porque se paga en vidas, en pobreza para millones, en rezago para el desarrollo y en éxodos que rompen futuros.

Recién comenzó el “juicio” contra la exaspirante presidencial Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, la mujer que derrotó a Ortega en las urnas en 1990. Es un apellido que pone a temblar y por ello se escenifica un proceso en el cual es la única acusada. Es posible que la pantomima conduzca a una ilícita sentencia de prisión. Es posible que la pareja dictatorial crea tener la pista libre para continuar con sus despropósitos y hasta es posible que esté trazando corruptos pactos de asilo e impunidad con aliados subrepticios en otros países, pero aún así el miedo no desaparecerá y hoy ya se cuenta como un día menos para el momento de su caída. Ocurrirá, créanlo o no.