La Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, que la semana pasada cumplió 75 años, es importante y, a mi parecer, un gran logro como tantos otros del ordenamiento jurídico de nuestro país. Ajeno a su validez, su aplicación depende, como tantas otras actividades humanas, de la calidad de quienes la tienen a su cargo. Los ejemplos, por abundantes, no merecen ser enumerados.

En otras latitudes, una vez el estudiante obtiene el título universitario que lo acredita como profesional en una disciplina específica, debe someterse al examen de ley frente a un jurado calificador del Estado. Una vez superada la prueba, recibe la licencia necesaria para poder ejercer la profesión, trámite que en nuestro caso se satisface al registrarse en el colegio profesional correspondiente, pagar la cuota de colegiación y timbre profesional.

Para los arquitectos, esa ley es conocida desde el inicio de la carrera, sine qua non, para la presentación de planos de localización, registro, diseño, planificación o de construcción; informes o dictámenes. Para mi generación fue tan básico como saber dibujar. Entre la pléyade de catedráticos de entonces estuvieron los fundadores de la primera Facultad de Arquitectura en Guatemala, protagonistas del diseño urbano y arquitectónico en la Dirección General de Obras Públicas y la municipalidad capitalina; otros, más tarde, en el Instituto Nacional de Fomento Municipal (Infom). En esas instituciones se establecieron normativas y especificaciones para la presentación de proyectos. En el plan de estudios estaba el curso Práctica y Ética Profesional, en el que, más allá del ABC de semejantes temas, se condensaba el buen ejemplo del claustro de profesores, tanto en su práctica docente como en el libre ejercicio de la profesión.

Hasta noviembre 2020, cuando tomé posesión como presidente del Colegio de Arquitectos, desconocía el funcionamiento de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, aunque a lo largo de mi trayectoria por la conservación del patrimonio cultural de la Nación siempre conté con el apoyo de mi colegio y, cuando el caso lo ameritó, de la Asamblea, evidentemente sugerido por su presidente.

Ahora que formo parte de esa institución no puedo sino sentirme ufano, pues representa la cumbre más alta que los profesionales guatemaltecos podemos alcanzar; cúspide ocupada por 14 individuos dentro de un conglomerado de 224,873 profesionales registrados en 14 colegios profesionales y un universo de 18 millones de guatemaltecos. Y eso no es poca cosa.

Está claro que en tan preciado grupo ha habido y habrá profesionales con intereses ajenos al conocimiento, la excelencia académica, el servicio al gremio y la comunidad… falencias inevitables en la diversidad del género humano que afortunadamente, por ser la excepción, no puede ni deben ser tomados como referencia para descalificar a la mayoría. Esas personas de escasa formación profesional, carentes de valores morales y éticos, si bien son capaces de hacer mucha bulla, no representan al conjunto de profesionales, como tampoco al conglomerado de ciudadanos. Escasamente se representan, a sí mismo y a los grupos de poder que los aúpan, por lo que muy pocos se identificarán con ellos.

Habiendo transcurrido el 60% del período que me corresponde en la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, puedo afirmar que los presidentes a quienes he acompañado, sin excepción, hacen honor al puesto para el que fueron electos. Nos une el común denominador de ser conscientes de la responsabilidad que el cargo trae consigo: experiencia enriquecida con el intercambio de conocimientos multidisciplinarios que la educación superior ofrece en nuestro maltratado país.