Despiertan marcada suspicacia las pronunciadas alzas que llevaron el precio de los combustibles a rondar los Q40, supuestamente por efecto de la subida en el costo del petróleo en el mercado internacional, cuando en realidad la inmensa mayoría de expendios todavía tenía existencias de embarques anteriores a esos incrementos en el crudo y, por ende, en los de producción de los refinadores y comercializadores de gasolinas y diésel. Más sintomático aún resulta que, tras las primeras advertencias gubernamentales acerca de sanciones por el delito de especulación, como por arte de magia los precios bajaron de golpe hasta Q3.

No es nueva la sospecha acerca de la forma como los expendios de combustibles fijan los precios. Se supone que lo hacen con base en un régimen de libre competencia para poder lograr la preferencia de los consumidores, de acuerdo con la calidad del producto, pero también de la conveniencia en el costo. Promociones, descuentos y servicios complementarios son parte de las razones ante las cuales los usuarios, particulares o empresariales, deciden entre una u otra marca, entre grandes sellos transnacionales o cadenas locales.

Sin embargo, cuando prácticamente no hay diferencia alguna de precio a escala metropolitana o es de unos cuantos centavos, que más parecen una correlación para despistar que para favorecer al consumidor, en un entorno de apremio económico, no es lejano hipotetizar acerca de una concertación de precios en un mercado oligopólico. En el 2018 hubo denuncias de funcionarios en citaciones legislativas, por lo cual se emprendió una investigación. La Gremial de Empresas Importadoras de Hidrocarburos negó que existiera un acuerdo para que sus precios fueran iguales.

Como parte de las justificaciones esgrimidas en aquel momento se habló de “paralelismo” de precios atribuido a condiciones similares de adquisición en el mercado internacional, pues, aunque hay muchas gasolineras, solo existen cuatro o cinco grandes proveedores de importación. En dos platos, se rechazó cualquier afirmación tendiente a la concertación. El temor de subrepticios acuerdos resurgió por la celeridad con que fueron aplicados, dos días después del comienzo de las acciones armadas de Rusia contra Ucrania, que alteró los mercados internacionales de futuros, pero no las reservas locales o tanqueros en tránsito.

El Ministerio de Energía y Minas, en conjunto con el de Economía, tiene la obligación de verificar los costos de adquisición de los carburantes para constatar si hubo una sobrevaloración anticipada del precio a los consumidores. La calidad y cantidad del producto entregado también debe ser sujeta de monitoreo, en bien del propio mercado, para evitar la competencia desleal.

Todos somos Guatemala y el llamado a huir de cualquier tipo de especulación va no solo para el gremio gasolinero, sino para todos los sectores que comercian con productos locales o importados. La situación global es de gran volatilidad económica y política, por lo cual todo acaparamiento o artificio para obtener ganancias sería ilícito y debe ser sancionado. El proceso logístico de los carburantes es complejo y está sujeto a múltiples variables. Eso se comprende, pero nunca justificaría la elevación arbitraria de ganancias a costa de la penuria ciudadana. Asimismo, las autoridades deben acelerar el análisis de los descuentos en IVA o al impuesto a los combustibles, en favor del alivio a la canasta básica, pues al fin y al cabo todo producto comestible es transportado desde el lugar de producción al punto de venta, por obvio que parezca decirlo.