Los jueces venales son aún más abyectos que los infulosos autócratas a los cuales sirven de alfombra, y las farsas judiciales montadas en Nicaragua contra opositores y críticos son la prueba. Al no poder rebatir los señalamientos de corrupción, abuso de poder y fracaso total de la gestión estatal, la maquinaria ortegosa encarceló ilegalmente a todos los adversarios políticos para impedir su participación en unos comicios inválidos, por amañados y sin la mínima garantía democrática.

La dantesca comparsa kafkiana tropical ha proseguido en las últimas semanas mediante amañadas escenificaciones de supuestos procesos legales, que no tienen la mínima validez, toda vez que son sumarios y basados en animadversiones, sin acceso a una defensa técnica y mucho menos a un tribunal imparcial. Eran condenas cantadas. A falta de evidencias, se coloca a miembros del mismo aparato represor como interesados testigos, en una exhibición de poder omnímodo que en el fondo refleja el omnipresente miedo del dictador mitómano.

El más reciente capítulo de esta versión esperpéntica de Tirano Banderas fue la sentencia a nueve años de prisión, emitida ayer contra el periodista Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general del diario La Prensa por supuesto lavado de dinero, en un proceso viciado, a puerta cerrada. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) deploró el fallo represivo con el cual la dictadura Ortega-Murillo “utiliza la justicia y delitos inventados para encerrar, bajo un supuesto manto de legalidad, a quienes tilda de opositores. Una vez más, el régimen demostró, con saña, su intolerancia al pensamiento distinto y a las libertades”, según declaró Jorge Canahuati, presidente de la SIP.

El sistemático patrón de manipuleo es evidente. Apenas dos días antes, el 21 de marzo, habían sido condenados a cuestionables penas de prisión directivos del diario La Prensa: Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, así como trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, un nombre que a cada rato le recuerda a Ortega la derrota que sufrió en las urnas en 1990 debido a sus incumplimientos e incapacidades.

El juicio contra Cristiana estuvo plagado de irregularidades y, pese a todo su servilismo, la Fiscalía no pudo probar el supuesto delito de lavado; solo buscaba sacar del camino a la precandidata presidencial que le hubiese puesto fin, de nuevo y con el mismo apellido, al régimen sandinista. La condena internacional crece y el tiempo sigue corriendo para el final de dicha satrapía, que llevará a Ortega al destino de sojuzgadores como Nicolas Ceasescu en Rumania o Benito Musolini en Italia.

Un augurio de este resquebrajamiento acelerado fue la denuncia hecha por el propio embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo McFields Yescas, quien el miércoles 23 afirmó que el gobierno de su país viola los derechos, no existe separación de poderes y se inventan inicuos procesos contra opositores. “Tomo la palabra el día de hoy en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde el año 2018. Tomo la palabra en nombre de los miles de servidores públicos, de todos los niveles, civiles y militares, de aquellos que son obligados por el régimen a fingir y llenar plazas y repetir consignas”, dijo el diplomático. El oficialismo se apresuró a desmentirlo y destituirlo, pero ello solo evidencia lo innegable.