Durante la efervescencia de la campaña electoral de 2015, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el 25 de abril develaron públicamente el caso de robo, saqueo y corrupción desde la Presidencia y Vicepresidencia de la República, denominado La Línea, en el que salieron a bailar los más altos dignatarios, funcionarios y empleados; empresarios, militares, narcotraficantes y demás fauna criminal, enquistados en el Estado, identificados como cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, cuya existencia provocó la creación de la Cicig en 2006.

El resultado fue la renuncia de la vicepresidenta y del presidente, quienes desde entonces guardan prisión, pendientes de recibir sentencia.

En el proceso electoral fue electo Jimmy Morales por su farsa mediática “Ni corrupto ni ladrón”. Durante su mandato, la dupla MP-Cicig expuso otros casos, como el de aduanas, puertos y aeropuerto, responsabilizando a los mencionados cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Por evasiones millonarias de impuestos fueron denunciados reconocidos empresarios, quienes, ya sin las máscaras de nobleza y probidad, con el rostro desdibujado por el susto, pues eso jamás había ocurrido ya que el sistema estuvo diseñado para favorecerles, fueron a los tribunales a reconocer su culpa, pactando la deuda con la Superintendencia de Administración Tributaria.

Sin embargo, faltaba otro señalamiento, el de financiamiento electoral ilícito a partidos como el del cómico Morales. Al saberse descubiertos, perdieron la compostura, confesaron haber pecado, se mostraron arrepentidos y juraron no volverlo a hacer. La siguiente campaña electoral llegó en 2019. Para entonces los señalados se habían aliado, dentro del Congreso de la República, alrededor de lo que se conoció en septiembre como el Pacto de Corruptos, en donde, ya sin las máscaras usadas a lo largo de la historia republicana en diferentes jaleos, decidieron recuperar los espacios que MP-Cicig osó hostigar y así poder seguir disfrutando de la encomienda heredada y mantenida con tanto esfuerzo, a expensas del desarrollo de la Nación.

Desde esa nueva instancia sustentada en la implantación de antivalores, con la ayuda de impresentables predicadores y fariseos religiosos, hicieron perder a la masa la esperanza de progresar y alcanzar un mejor país. Para asegurarse de una buena vez la anhelada paz y tranquilidad, decidieron terminar de cooptar la administración pública, junto a todas las instancias accesibles: Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, tribunales, jueces y juzgados.

Quedaron dos únicas instancias por copar: la Procuraduría de los Derechos Humanos, creación de la Constitución Política de 1985, que hizo de Guatemala el primer país de América Latina con esa figura legal, y la Universidad de San Carlos (USAC), que con sus luces y sombras sigue siendo la única casa de estudios superiores pública, que históricamente se ha destacado por defender los intereses del pueblo contra dictadores y tiranías, aunque desde varios lustros atrás ha sido objeto de mal manejo de sus finanzas, en detrimento de la excelencia académica.

Hoy la USAC está en peligro de ser absorbida por aquellos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad aludidos, para neutralizar su actuar académico, social y político, y ponerla al servicio de la corrupción; crisis puesta de manifiesto durante el actual proceso para elegir al rector que la gobernará los próximos cuatro años. En otras, palabras, la implantación de antivalores llegó a todos los intersticios del país, esta vez a las puertas de la USAC, poniendo en evidencia la voracidad por el poder, por efímero e intrascendente que este pueda ser.