Repetitiva y, por ende, penosa muestra de mediocridad administrativa resulta ser la crisis crónica de emisión de pasaportes, a cargo del Instituto de Migración. Esta entidad —otrora dependiente del Ministerio de Gobernación— fue creada por decreto emitido en 2017. Después de la transición comenzó a funcionar de manera autónoma en 2020. Pese a la baja en la demanda de documentos, por la pandemia, sus encargados fueron incapaces de resolver el atraso en la entrega del documento de viaje. Siguen las filas, siguen las citas con plazos absurdamente lejanos, sigue la centralización del trámite —excepto por una sucursal abierta en Zacapa a finales de 2021— y siguen las autoridades del Estado sin prestarle atención a tal penuria, pues para ellas hay trámites exprés y documentos cocinados con discriminatoria celeridad.

En la primera década del siglo se vio algún alivio a esta situación cuando el contrato de emisión de pasaportes fue concesionado. Con ello se ahorraba en burocracia, en pasivos laborales, en alquiler de instalaciones y también en tiempo y molestias para los usuarios. Dado que se trata de un trámite pagado, debería ser lógico y natural que la eficiencia en el servicio sea un requisito mínimo por cumplir.
Este retorno a un estatismo parsimonioso e ineficiente se debe al desafortunadamente célebre ministro de Gobernación del gobierno del partido Patriota, Mauricio López Bonilla —condenado a 13 años de prisión por fraudes en el manejo de recursos para vehículos blindados y patrullas—. Este funcionario dispuso no renovar el contrato, cuyo plazo concluía en 2012, y regresar la emisión de pasaportes al Gobierno. Los pretextos abundaron y también los temores que desafortunadamente se siguen cumpliendo y empeorando.

No queda lejos pensar que López Bonilla pretendiera convertir a Migración en otra fuente de negocios y contratos amañados. Pero lo peor fue que subsiguientes administraciones fueron incapaces de sistematizar su funcionamiento. El exinterventor de Migración Enrique Degenhart llegó a ser ministro durante el período de Jimmy Morales, pero ni así fue posible resolver la situación. Se creó el Instituto, pero heredó los mismos lastres burocráticos, incluyendo la injerencia, las decisiones erráticas y la falta de compromiso con la ciudadanía.

Si no faltan cuadernillos, fallan las impresoras o colapsa el sistema informático, en un
círculo vicioso que solo refleja la falta de capacidad y liderazgo de quienes quedaron al frente del Instituto hace un año, así como de su antecesor. Pese a que el subdirector fue parte del desaparecido ente denominado Centro de Gobierno, lo cual denota nexos de alto nivel con la Presidencia, no hay visos de solución a corto o mediano plazos, mucho menos con una visión más extendida. El año pasado, el IGM tuvo Q20.7 millones a su disposición para asegurar la emisión de pasaportes, y solo pudo ejecutar un 57%. Dos licitaciones se cayeron entre ambigüedades y objeciones.

El secretismo persiste. Todavía se desconocen los oferentes y los montos. Ojalá no vuelva a producirse una decisión a dedo, como ha ocurrido con otras que luego son impugnadas y dejan a la ciudadanía ante la penuria de rogar por un documento al cual tiene derecho. Y si para los guatemaltecos en su propia tierra es dificultoso el trámite, para los connacionales en EE. UU. y otros países es un auténtico viacrucis, con retrasos superiores a un año, servicio deficiente en consulados y costos injustificadamente multiplicados.