Llegó a tener alineados a los poderes del Estado en un régimen prácticamente omnímodo, cual reyezuelo tropical cubierto con piel de democracia. Se creyó sus propios discursos electoreros y ofrecimientos que terminaron en un enorme y triste éxodo de miles de connacionales. Jueces y diputados se alinearon convenencieramente con un aparato de poder que parecía inamovible, inexpugnable y, para mayor perfección aparente, hasta contó con invocaciones religiosas para proyectar valores. Pero con todo y eso el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue subido al mediodía de ayer en un avión, extraditado a Estados Unidos.

“Los cargos que anunciamos buscan finalmente responsabilizar a Juan Orlando Hernández por años de corrupción, años de violencia y años de narcotráfico”, declaró el fiscal federal Damian Williams al mostrar el pliego de acusaciones que no había sido presentado en su totalidad antes y que no impide al exmandatario reclamar su presunción de inocencia. El juicio contra Tony Hernández, su hermano y exdiputado oficialista, en 2019, dejó pesados indicios de la impunidad predominante en Honduras durante la última década, prácticamente inexplicable sin el aval gubernamental.

El hermano incómodo fue sentenciado el 30 de marzo del año pasado a cadena perpetua por haber traficado drogas aprovechando las potestades de su cargo. En ese mismo período, Juan Orlando Hernández actuó de manera solícita y cooperante con la potencia del Norte, como todo un aliado, hasta que en 2021, aún como gobernante, se anunció su inclusión en la lista de actores corruptos del Departamento de Estado. Apenas dos semanas después de su salida de la presidencia fue capturado a pedido de EE. UU.

Las situaciones sospechosas provenían desde los inicios de su mandato. Apenas un año después de haber asumido, en 2015, a J.O. Hernández no le quedó más remedio que admitir que su campaña recibió 10 cheques por US$147 mil 783, los cuales fueron aportados por empresas fantasma de financistas vinculados con un desfalco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Declaró que como candidato desconocía el origen de aquellos fondos. Cualquier parecido con otras realidades es puro financiamiento ilícito.

A causa del escándalo se vio forzado a montar una supuesta lucha contra la corrupción y aceptó incluso una comisión de investigación de la Organización de Estados Americanos que posteriormente fue desmantelada, al develarse nuevos casos de corrupción. En 2015, con la ayuda de una Corte Suprema de Justicia plegada a sus intereses, se declaró una supuesta “inaplicabilidad” de un artículo constitucional que prohibía la reelección. Fue bajo esta leguleyada que se postuló a un segundo mandato, el cual ganó bajo señalamientos de fraude. Ahí se insertan las denuncias de infiltración de narcodinero, a través de un aporte efectuado por el cartel del Chapo Guzmán a Tony Hernández, usado para gastos de campaña no reportados y sobornos. Hubo protestas, represión, muertos. JOH, como le llaman en su país, prosiguió en el poder y, paralelamente, se agudizó la crisis económica y social que hizo estallar caravanas de migrantes hacia EE. UU.

Será interesante ver si se atreve a enfrentar un juicio o si se decide por la admisión de culpabilidad a cambio de una reducción de condena. El camino ha sido largo, tortuoso e incluso pareció que no llegaría el día, sobre todo tras su juramentación para lograr inmunidad del dudoso Parlacén. Pero llegó.