Para sorpresa de nadie, María Consuelo Porras sigue siendo la causa de los atrasos para la dirigencia del Ministerio Público y ello provocó el miércoles el desacuerdo de los integrantes de la Comisión de Postulación para integrar el listado. Cualquiera con sentido común se pregunta cuál es el motivo de hacer toda esta larga telenovela politiquera, en vez de admitir de una vez la monárquica orden de Alejandro Giammattei para permitirle a su amiga continuar con la obligada tarea de destruir lo poco remanente del sistema judicial. Las maniobras de ayer fueron claras: interrumpir la sesión porque la presidenta “tenía otro compromiso” y luego esperar la orden de la Corte de Constitucionalidad de agregar a quien tiene más puntos; es decir, la controversial señora mencionada.

Decir esto es señalar un axioma; es decir, una verdad que por evidente no necesita explicación ni demostración. Pero se insiste en este teatro del absurdo, cuyos actores se colocan en el papel de bufones si no se rebelan. Se debe señalar el daño hecho a las instituciones cuyos representantes han votado a favor, no solo aquellos llevados para realizar esas grotescas burlas a la ley, con medidas risibles e increíbles, como rebajar la nota mínima necesaria para así lograr más candidatos y esconder, algo imposible, salir a otra sesión y dar trámite inmediato a órdenes legales favorecedoras. Hay derecho de conocer el nombre de quienes apoyaron, olvidando ser representantes de instituciones, por tanto alejadas de opiniones personales. Esto se aplica sobre todo a las universidades privadas.

Apoyaron la Universidad del Istmo, para dolor de sus estudiantes, gracias a Alejandro Arenales Farner; la U. de Occidente, gracias a Ana Mercedes Suasnávar Palma; la U. San Pablo, gracias a Luis Roberto Aragón; la U. Panamericana, gracias a Fernando Enrique Sánchez Usera. Votaron en contra Luis Fernando Cabrera Juárez, U. Mesoamericana; Milton Estuardo Argueta Pinto, UFM; Hugo Rolando Escobar Menaldo, URL; Isabel Flores Estrada, U. Rural; Jennifer Nowell Hernández, U. Regional, y Rosa María Morales de Ríos, U. Da Vinci. Salieron airosos aunque pierdan la batalla, pero ganaron en un prestigio perdido por los demás. Los votos favorables provinieron de Silvia Valdés, presidenta de la Postuladora y de la CSJ; el Colegio de Abogados, por Fernando Chacón; la Usac, Henry Arreaga, y Esvind Alejandro Racancoj Ulin.

Da tristeza la participación de las universidades privadas votantes en favor de este asunto. Contribuyen a terminar la tarea de destrucción del sistema judicial guatemalteco, con ayuda de quienes se han apoderado de las cortes. Cualquier ciudadano interesado en el país se pregunta, justificadamente, por qué se hace la pantomima, el simulacro, de hacer escogencias previas, si desde el primer momento se sospechaba de la imposición de quien es amiga personal de Alejandro Giammattei y por ello tiene una tarea importantísima para cubrirlo a él y al resto de corruptos, como ocurrió al finalizar el período de Jimmy Morales, cuando se le otorgó la sucia chamarra del Parlacén para asegurar su impunidad. Lo peor es la miopía de quienes creen actuar sin conocimiento internacional.

Para finalizar: lo ocurrido estaba cantado desde hace meses. Lo peor es darle visos de legalidad a acciones tomadas con aviesas intenciones. Como se trata del campo legal, los rechazos son justificados y sobresalen los de quienes estudian en la Universidad del Istmo, por ser los primeros en protestar. No sorprende el voto favorable sancarlista ni del Colegio de Abogados y de su Tribunal de Honor. Doña Consuelo ya tenía el juego ganado desde cuando comenzaron las acciones para elegir a quienes serán llegados al trono presidencial. En resumen, se trata de una prueba más de los pasos de quienes apoyan la instalación de una dictadura en Guatemala, en forma similar a como ocurre en El Salvador con el cipote Nayib Bukele, quien ya puso candado al sistema legal.