Es imposible saber con exactitud, mas no tan difícil suponer, cuáles fueron los compromisos, los condicionamientos o los factores que catalizaron el oficioso amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad, electa por el pacto oficialista, que de manera tácita, implícita o sobrentendida ordenó a la Comisión Postuladora votar para elegir entre candidatos con ponderación arriba de 75 puntos, un requisito que solo aplicaba a la actual fiscal general, Consuelo Porras, para completar la nómina de aspirantes a dirigir el Ministerio Público.

Para la historia quedan las nueve votaciones previas de los comisionados, que quedaron 8 a 7, sin que Porras consiguiera los 10 necesarios para ocupar el último lugar de la lista de seis. Tras la decisión de la Corte, se convocó de inmediato, la tarde de ayer, a una sesión, en la cual se votó por una sola opción disponible —según la instrucción— que recibió los 15 votos: una unanimidad que por sí misma dice mucho, sobre todo por las cerradas discusiones que la precedieron, con argumentos que denotaban conflicto de intereses.

El caso es que ya están definidos los seis nombres entre los cuales el presidente Giammattei Falla elegirá a la cabeza del ente encargado de la persecución penal entre 2022 y 2026. Ya se habla de una lotería cantada a favor de la actual fiscal, debido a la alineación diligente de los magistrados constitucionales, incluyendo a la ex secretaria privada de la Presidencia, Leyla Lemus, y la actual presidenta de la CC, Dina Ochoa, electa en 2021 por 101 votos de la alianza oficialista en el Congreso. Ya que dicha corte está tan imbuida en acelerar procesos de sucesión en entes de justicia, bien podría ordenarle al Congreso la elección de magistrados de salas de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia, que llevan dos años y medio de atraso.

Parece fácil la decisión presidencial, al contar, al menos, con tres fuertes allegados en la nómina. Pero fuera de las avenencias y conveniencias del momento, es necesario recordar que dicha decisión, en su sentido más profundo y de acuerdo con el espíritu de la ley, no es para tener amigos o amortiguadores. Además, aparentes hegemonías cambian con las circunstancias, sobre todo en los prolegómenos de un proceso electoral que ya se incuba entre desiguales sanciones del TSE a partidos o presidenciables.

Hay importantes procesos, por diversos delitos, en marcha en tribunales de justicia. Se necesita que avancen y que se logren condenas para sentar precedentes ejemplares. Un liderazgo positivo y renovado es clave en el MP. Las expectativas son aún más grandes hoy que hace cuatro años; también las polémicas y los desgastes. Si la decisión presidencial se decantara por renovar a la fiscal, debería tomar en cuenta que ya no existe el factor de expectativa, lo cual puede generar adicionales desgastes a un alto costo político para el Ejecutivo y sus allegados.

En el primer trimestre del año se reportó un aumento del 12% de muertes violentas en el país. Las extorsiones repuntaron a pesar de las capturas, precisamente porque no basta con detenciones, si no hay procesos judiciales que devengan en sentencias. Para el grueso de la ciudadanía, la designación de los aspirantes a dirigir el MP parece despertar poco o ningún interés hasta que caen en cuenta que es su seguridad y la de su familia la que está en juego. La historia no perdona. Basta recordar que hace 20 años se eligió al fiscal Carlos de León Argueta, en pleno poderío del Frente Republicano Guatemalteco, hoy desaparecido. Dos años después fue destituido, por señalamientos de abusos cometidos al calor de una agenda unívoca y relativista.