La semana pasada, en una de las noticias más importantes de la agenda económica para Guatemala, la calificadora de riesgo Standard & Poor’s reconoció la estabilidad macroeconómica y prudencia fiscal que han fortalecido la dinámica de crecimiento del PIB. “La notable recuperación económica en el 2021 y las expectativas de crecimiento para los próximos años, a pesar del desafiante contexto internacional, contribuyeron a una reducción del déficit fiscal mayor a la esperada el año pasado”, comenta el informe de la calificadora global, que mejoró la perspectiva del país de BB- estable a positivo.

Desde octubre del 2017 no se tenían una mejora en la calificación, y fue la primera vez en años que S&P Global mejora tanto la calificación a nuestro país, algo muy positivo como resultado de las políticas del Gobierno, que ayudará no solo en la colocación de bonos del tesoro, sino también para empresas que cotizan bonos en bolsa y que repercute positivamente en la mejora de tasas de interés en general para cualquier inversionista en Guatemala.

Ahora bien, ¿dónde están los retos? Nuestro país tiene serios desafíos institucionales para aumentar la inversión en relación con el PIB, que es apenas de 15.2% del PIB en comparación con otros países que son grados de inversión como Panamá que está en 37.8% del PIB, Uruguay 20.5% o Perú 21%. Estas restricciones son bastante obvias cuando hablamos de inversiones en infraestructura, especialmente de la red vial, pero también lo es en inversión de infraestructura portuaria, urbana, hídrica, social (salud o educación) e incluso para temas penitenciarios.

Las alianzas público-privadas pueden ser parte de la solución, pero no son lo único que se debe promover. El país necesita una reflexión profunda sobre cómo mejorar las condiciones institucionales que limitan la capacidad del país para contar con mejores profesionales en sistemas de adquisiciones públicas que ayuden a Guatemala a generar cambios en la ley de contrataciones que ayude a aumentar la inversión pública.

El informe deja claro que se requiere aumentar la tasa de ahorro respecto del PIB, que en Guatemala es de 17.1%, mientras que en países de referencia de América Latina que son grado de inversión la tasa de ahorro, por ejemplo en Panamá, es de 35% del PIB, en Uruguay 18% y en Perú 19.9%.

Adicionalmente, para poder mejorar las tasas de inversión se necesita aumentar los ingresos fiscales del país, que cuenta con un sector económico importante (70% de la población económicamente activa) que desde la informalidad contribuye muy poco y muchas oportunidades para la defraudación y el contrabando, que hacen que nuestra tasa de recaudación fiscal sea de apenas 11.5% del PIB, mientras que en Panamá la relación es de 19.2% del PIB, en Uruguay de 33.4% y Perú del 20.7%.

En este sentido, es importante reconocer los avances de la SAT en aumentar la digitalización para pago de impuestos y la excelente noticia de la semana pasada sobre la suscripción del acuerdo aduanero entre Guatemala y los Estados Unidos para fortalecer la asistencia y cooperación entre ambas aduanas, lo cual esperamos tenga excelentes resultados en el combate de la defraudación y contrabando aduanero, así como en el fortalecimiento institucional de la intendencia de aduanas.

La meta de hacer que Guatemala sea grado de inversión, aunque sea una meta de mediano plazo, debe ser un norte para que desde todos los sectores podamos contribuir a mejorar las condiciones del clima de negocios y el fomento de más y mejores oportunidades que ayuden a reducir la pobreza en nuestro país.