Acorde al ministro de Gobernación, la mayor parte del aumento de homicidios de este año se debe a enfrentamientos entre pandillas rivales por el control del narcomenudeo. Hace unos meses advirtió que la MS-13 y el Barrio 18 les estaban disputando territorios a Los Caradura, una pandilla local que controlaba la venta de narcomenudeo en la capital. El conflicto se vive en algunas colonias y barrios, donde los enfrentamientos dejan muertos cada semana y abren la puerta a más consumo y delincuencia.

A los jefes de estas estructuras criminales se les debe imponer un régimen de aislamiento, en cárceles de máxima seguridad. Sobre todo, porque desde prisión pretenden seguir delinquiendo y desafiando a las autoridades. Como ejemplo está Aldo Ochoa, alias el Lobo, uno de los cabecillas visibles del Barrio18 —a quien recientemente una jueza solicitó su traslado de Renovación I a Fraijanes II, lo que preocupa—.

El narcotráfico no es un problema exclusivo del continente. La ONU calcula que 316 millones de personas consumieron alguna droga en 2023, un 28 % más en 10 años. La fabricación global de cocaína llegó a tres mil 708 toneladas y las drogas sintéticas, sobre todo las metanfetaminas, están escalando posiciones.

La demanda es el motor de todo este aparato. En el continente, América del Norte (encabezada por Canadá, Estados Unidos y México) acapara la mayor parte del consumo de cocaína y opioides. Y mientras ese mercado esté vivo, grupos criminales en América están dispuestos a producirla, transportarla, corromper a las instituciones, arrasando territorios sin importar la violencia que todo ello implica.

En Guatemala se han dado algunos golpes al narcotráfico. La Agencia Guatemalteca de Noticias informó que en 2023 se decomisaron casi cinco toneladas de droga. En lo que va de 2024, esa cantidad se duplicó a 10.9 toneladas, por más de Q1 mil 120 millones. Pero detrás de esos éxitos está la batalla diaria por el narcomenudeo en las calles, que sigue provocando violencia.

Según Crisis Group, los carteles internacionales están pagando a las pandillas con droga o armas por seguridad de territorio, transporte y vigilancia en comunidades. Así garantizan sus rutas y abastecen el narcomenudeo en zonas urbanas. Y esto termina por controlar comunidades enteras, desplazar familias, corromper autoridades y destruir el medioambiente.

El desafío es controlar el tráfico internacional, lidiar con un mercado interno en expansión y detener la delincuencia. No es suficiente con incautar cargamentos, debe detenerse le extensión del problema dentro del país. Pero esto necesita más que mano dura: requiere inversión en prevención, en desarrollo humano y en fortalecer las instituciones, especialmente, las de seguridad y justicia.

Hace años trabajé en distintos programas para jóvenes en riesgo. Comprendí entonces que una vez que un joven ingresa a “una mara”, salir es casi imposible. Muchos de estos muchachos encuentran allí la pertenencia que nunca encontraron en su hogar, frente a la desintegración familiar. Sobreviven cada día entre violencia, malos tratos y conflictos. Piensan en el corto plazo y pierden el miedo a morir. Algunos se arrepienten con el tiempo. Pero muy pocos logran salir de la pandilla.

Las drogas amenazan al mundo, especialmente a América Latina, y Guatemala se encuentra en una encrucijada. Para combatir el narcotráfico y la criminalidad se necesita una respuesta integral que recupere territorios, fortalezca la justicia, prevenga la delincuencia y fomente el desarrollo. Pero también se requiere de un compromiso global: disminuir la demanda y detener la producción. Solo con voluntad política constante y verdadera colaboración se podrá revertir la situación.